El fiscal federal W. Stephen Muldrow, anunció el miércoles, la acusación formal de 11 mujeres y 8 hombres por su supuesta participación en un esquema para obtener ilegalmente fondos federales de recuperación bajo el Programa de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES Act).
“Esta es la quinta ronda de acusados desde abril de 2023 en relación con este plan de fraude. La investigación sigue en curso y esperamos más cargos”, dijo el fiscal federal Muldrow en declaraciones escritas.
El Gran Jurado acusó de múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Los documentos de acusación alegan que, desde abril de 2020 hasta febrero de 2024, los acusados y sus co-conspiradores provocaron la presentación de al menos 30 solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que buscaban el desembolso ilegal de al menos $587,442 en fondos federales de recuperación de las Pequeñas Empresas de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, en inglés), y Banco 1.
“En Investigación Criminal del IRS hemos estado trabajando en estos casos complejos durante casi tres años. Las investigaciones incluyen múltiples agentes especiales y personal experto de varias agencias federales”, dijo Matthew Line, Agente Especial a Cargo de la Oficina del IRS-CI en Miami.
“Veinticuatro agentes especiales del IRS:CI que coordinaron la operación de hoy fueron responsables del arresto de cinco personas esta mañana. Nuestro mensaje es uno y es claro: continuaremos trabajando incansablemente para llevar ante la justicia a quienes cometen actos delictivos o defraudan a nuestros contribuyentes, sin importar quiénes sean o dónde se encuentren”, añadió.
Los acusados son José Carmona Morales, alias “Cheka”; Cecy Casiano Santiago; Arnaldo Dávila Rivera; Cruz Sheila Pérez Guzmán; Emmanuel Maysonet Cruz; Janelle Irene Fe Cooney Delgado; Jesús Rodríguez Maysonet; Julia Cecilia Santiago Salgado; Nelson Noriega Sotomayor; Héctor Martínez Ortiz; Carolyn González Marrero; Edyel León Rivera; Ángel Febus Muñoz; Verónica Vázquez Molina; Karishna Ayala Otero; Lilliam Collazo Pérez; Rebeca Serrano Martínez; Rosa Casanova Salgado; y Tatiana Lebrón.
Según documentos judiciales, a sabiendas, los imputados idearon un plan para defraudar a la SBA y al Banco 1 para obtener dinero y propiedades federales mediante pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas presentadas a través de solicitudes de préstamos EIDL y PPP disponibles a través de la Ley CARES para ayudar a las pequeñas empresas a recuperarse del impacto de la pandemia.
Pentzke Lemus, Pagesy Roussel, Lemus Berrios, Prieto Ruiz De Val y Lemus De Pentzke fueron acusados previamente en abril de 2023 en una acusación separada.
La Ley CARES autorizó asistencia federal mediante la emisión de préstamos de la SBA a pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro que experimentaron pérdida de ingresos debido a la pandemia mundial de COVID-19.
El programa EIDL fue uno de esos programas de asistencia crediticia para pequeñas empresas. Para obtener el préstamo, los solicitantes debían completar una solicitud en línea que detallaba información operativa durante el período de 12 meses anterior a la pandemia de COVID-19, como la cantidad de empleados en el negocio, los ingresos brutos del negocio obtenidos y el costo de bienes vendidos.
Otra forma de asistencia proporcionada por la Ley CARES fue la autorización de Estados Unidos fondos de los contribuyentes en préstamos condonables a pequeñas empresas para la conservación del empleo y otros gastos, como intereses sobre hipotecas, alquileres y servicios públicos, a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP).
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por cargos de fraude electrónico. José Carmona Morales, alias “Cheka” y Cecy Casiano Santiago también enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
El Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria y el Servicio de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas llevaron a cabo la investigación con la colaboración del Departamento del Tesoro de Puerto Rico, el Negociado de Asuntos Especiales de Puerto Rico Investigaciones, Negociado de la Policía de Puerto Rico y Policía Municipal de Guaynabo.
El Fiscal Federal Auxiliar (AUSA) Timothy Henwood, jefe de la División Penal, y el AUSA Daniel Olinghouse, están a cargo del procesamiento del caso.
Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
