La inmigrante dominicana, Aracelys Terrero, quien fue detenida en Cabo Rojo por agentes federales tras ser referida sin orden judicial por un policía municipal, fue liberada bajo fianza luego de una vista celebrada el martes, confirmó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico.
“La detención de Aracelys nunca debió haber ocurrido y tanto las autoridades municipales, como estatales y federales, deben rendir cuentas al respecto”, expresó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, en declaraciones escritas.
“Desde la ACLU de Puerto Rico celebramos este paso que le permite a Aracelys reunirse con su familia y vecinos en Puerto Rico, pero alertamos que, como este, existen diversos casos de detención ilegal y arbitraria y exigiremos respuestas”, continuó.
La ACLU advirtió que la libertad bajo fianza no pone fin al proceso administrativo que enfrenta Terrero, quien cuenta con permiso de trabajo y protección bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés).
La organización denunció, además, que luego de ser detenida, Terrero fue trasladada fuera de Puerto Rico sin respetar el debido proceso, permaneciendo en centros de detención en Florida, Texas y Nuevo México.
“El Gobierno de Puerto Rico y las agencias del orden público no pueden convertirse en partícipes de la barbarie. Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Puerto Rico, aparte de políticas extremistas y de exclusión, no pueden ser adoptadas por un pueblo como nosotros, lleno de personas que solamente tienen como norte el amor, la comprensión y el respeto por nuestros hermanos extranjeros”, expresó el abogado de inmigración Ángel Robles, quien representa a Terrero y ha colaborado con la ACLU en el caso.
La ACLU recordó que el pasado 9 de junio envió una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón, exigiendo transparencia sobre la información que el gobierno estatal comparte con autoridades federales en casos migratorios, así como la publicación de protocolos que garanticen el debido proceso y protección especial para víctimas de violencia de género.
La organización reiteró que la Policía Municipal carece de autoridad para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo 287(g) con el gobierno federal ni una orden judicial válida.
