Las empresas Triple-S Advantage y Triple-S Salud fueron demandadas hoy por imponer unilateral e ilegalmente una reducción en las tarifas que reembolsan a cientos de laboratorios clínicos en Puerto Rico, anunció la asociación que los agrupa.
La acción legal radicada ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por la Asociación de Laboratorios Clínicos de Puerto Rico, afirma que Triple-S recortó entre 25 a 27 por ciento los pagos que reembolsa a los laboratorios, mientras los costos operacionales de estos últimos “han aumentado significativamente debido a la inflación, nuevos aranceles y los recientes incrementos en la energía eléctrica”.
También luego de que Triple-S Management reportara ganancias de $1,005 millones en 2024 y las primas de seguros de salud siguen incrementándose.
Según añade la demanda, “los recortes unilaterales impuestos por Triple-S crean un desfase entre costos y compensación, por lo que socavan la capacidad de los laboratorios clínicos de comunidad para atender a los pacientes, quienes dependen de resultados diagnósticos oportunos y precisos”.
“Las acciones de la aseguradora”, agrega, “representan una amenaza directa para la salud del adulto mayor y beneficiario de Medicare Advantage”.
La asociación plantea que la modificación realizada por Triple S es ilegal, ya que los contratos entre los laboratorios y Triple-S son contratos de adhesión, y el Código Civil de Puerto Rico prohíbe expresamente que una de las partes modifique sin mutuo acuerdo sus términos y condiciones.
Los tribunales han reiterado que las aseguradoras no pueden cambiar tarifas contractuales mediante carta circular.
“Aunque Triple-S continúa publicando listas de pruebas como ‘servicios cubiertos’, muchas de estas ahora cuestan más de lo que la aseguradora está dispuesta a pagar. Esto imposibilita que los laboratorios clínicos las procesen internamente o a través de laboratorios de referencia”, destacó en conferencia de prensa Felipe Cintrón Zayas, presidente del gremio.
“A los pacientes se les está ofreciendo una cubierta que, en la práctica, no existe,” puntualizó además. “Un servicio ‘cubierto’ que un laboratorio no puede realizar no es un beneficio real. Es una expectativa falsa que pone en riesgo los diagnósticos que necesitan nuestros adultos mayores y su acceso a la salud”.
La acción legal presentada por la ALCPR solicita que el tribunal invalide la reducción unilateral y ordene a Triple-S a reprocesar todos los pagos, utilizando las tarifas vigentes antes del 1 de agosto de 2025.
“Sin laboratorios clínicos no hay diagnósticos”, sentenció Cintrón Zayas. “Es por eso que hacemos un llamado a los pacientes, legisladores y al público para que se unan a nuestro reclamo. Estas acciones ponen en peligro la continuidad del cuidado y los servicios diagnósticos que los adultos mayores necesitan para proteger su salud”.
