WASHINGTON – El presidente Joe Biden le informó al Congreso el lunes que el 11 de mayo pondrá fin a las dos emergencias nacionales para enfrentar el COVID-19, ya que la mayor parte del mundo está viviendo más cerca de la normalidad casi tres años después de que fueron declaradas por primera vez.
La medida para poner fin a las declaraciones de emergencia nacional y de salud pública reestructuraría formalmente la respuesta federal al coronavirus, con lo cual se le daría al virus un trato de amenaza endémica a la salud pública que puede ser manejada a través de las autoridades normales de las agencias.
Llega en un momento en que los legisladores ya pusieron fin a elementos de las emergencias que mantuvieron a millones de estadounidenses amparados por un seguro médico durante la pandemia. Junto con la disminución de casi todo el fondo federal para el alivio al COVID-19, también haría que la administración de vacunas y tratamientos ya no estuviese bajo la gestión directa del gobierno federal.
El anuncio de Biden está incluido en una declaración que se opone a resoluciones que serán presentadas esta semana por los republicanos de la Cámara de Representantes, que quieren se ponga fin de inmediato a la emergencia. Los republicanos de la cámara baja también se preparan para lanzar investigaciones sobre la respuesta del gobierno federal al COVID-19.
El entonces presidente Donald Trump declaró por primera vez que la pandemia del COVID-19 era una emergencia nacional el 13 de marzo de 2020. Biden ha extendido reiteradamente las emergencias desde que asumió el puesto en enero de 2021, y van a expirar en los próximos meses. La Casa Blanca dijo que el mandatario planea extender ambas brevemente para que finalicen el 11 de mayo.
«Un final abrupto a las declaraciones de emergencia crearía un caos e incertidumbre generalizados en todo el sistema de atención médica: Para los estados, para los hospitales y consultorios y, sobre todo, para decenas de millones de estadounidenses», escribió la Oficina de Administración y Presupuesto en una Declaración de Política de Administración.
Más de 1.1 millones de personas en Estados Unidos han fallecido de COVID-19 desde 2020, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, cifra que incluye unas 3,700 la semana pasada.
El Congreso ya ha mitigado el alcance de la emergencia de salud pública que tuvo el impacto más directo sobre los estadounidenses, luego de que se intensificaron las peticiones políticas para que se pusiera fin a la declaración. Durante meses los legisladores se han negado a cumplir con la solicitud del gobierno de Biden de destinar miles de millones de dólares más para extender el periodo de vacunas y pruebas diagnósticas gratis contra el COVID-19. Y el paquete de gastos de $1.7 billones aprobado el año pasado y promulgado por Biden puso fin a una norma que les prohibía a los estados expulsar del Medicaid a algunos beneficiarios, una medida que se anticipa dejará a millones de personas sin cobertura después del 1 de abril.
Se anticipa también que se disparen los costos de las vacunas contra el COVID-19 una vez que el gobierno deje de comprarlas; Pfizer dice que cobrará hasta $130 por dosis. Sólo 15 por ciento de los estadounidenses han recibido el refuerzo recomendado y actualizado desde que se comenzó a ofrecer a finales del año pasado.
