Figuras políticas reaccionaron el viernes al supuesto indulto otorgado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, cuya divulgación oficial por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos trascendió hoy, sábado.
El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo que el indulto no altera los hechos del caso. “El indulto concedido por el presidente Trump a la exgobernadora Wanda Vázquez, de ninguna forma cambia los hechos que se le imputaron ni su alegación de culpa. Esos son los datos”, expresó en declaraciones escritas difundidas en redes sociales.
Por su parte, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, criticó la decisión presidencial al señalar que “la impunidad protege y promueve la corrupción”. Añadió que “el indulto a la exgobernadora Wanda Vázquez debilita la integridad pública, lacera la confianza en la justicia y ofende a los que creemos en el gobierno honesto”, según expresó en una declaración escrita.
Mientras, el excandidato a la gobernación Juan Dalmau Ramírez reclamó una reacción pública de líderes del Partido Nuevo Progresista. “Jenniffer González y Thomas Rivera Schatz no pueden seguir guardando silencio. O denuncian y condenan el perdón a una corrupta convicta y el encubrimiento de Trump o quedan retratados como cómplices por asociación de la corrupción”, escribió en redes sociales.
Dalmau Ramírez añadió que “Puerto Rico no puede tolerar más la política del silencio colonial de los sumisos que protege a criminales mientras castiga al pueblo”, y exigió una postura pública ante el indulto reportado.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó el documento del perdón concedido por el presidente Trump, en el que se establece un “indulto pleno e incondicional” a Vázquez Garced, así como a Julio Herrera Velutini y al exagente federal Mark Rossini, en relación con el caso federal Estados Unidos v. Vázquez-Garced, et al., 3:22-CR-342.
Vázquez Garced se declaró culpable en agosto de 2025 ante el Tribunal Federal por aceptar apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de utilizar su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly, quien realizaba una investigación contra Bancrédito.
