Columna por Carla Minet, Directora Ejecutiva y Editora en Jefe del Centro de Periodismo Investigativo.
Fueron varias mentiras, una detrás de la otra.
El proceso que condujo a que este domingo la gobernadora, Jenniffer González Colón, firmara las enmiendas a la Ley de Transparencia impulsadas por el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, fue, aparte de mendaz, revelador.
La verdad sea dicha. Hay que destacar sobre este proceso la falta de carácter y la deshonestidad del equipo inmediato de la Gobernadora. Sus asesores tuvieron varias conversaciones la pasada semana con organizaciones opuestas al proyecto que desde noviembre solicitaron audiencia, y en todo momento se les representó que se citaría a una reunión a partir de este lunes para discutir las objeciones a la medida.
Así que mientras se esperaba por el día y la hora para esa reunión, la Gobernadora le dio una puñalada a traición al pueblo de Puerto Rico aprobando una medida que no estaba en la plataforma de gobierno de su partido y que contradice la política pública de eficiencia y servicios ágiles al ciudadano que prometió cuando pidió votos para llegar a La Fortaleza.
Las enmiendas van en contra de toda la evidencia que le han presentado científicos, académicos, activistas, investigadores y periodistas que continuamente requieren datos al Gobierno sobre las dificultades que ya experimentan al solicitar documentos, y que no son atendidas en ninguna de las enmiendas del PS 63, ahora convertido en la Ley 156 de 2025.
Cuando cualquier persona llama al cuadro de La Fortaleza y se piden los datos de los Oficiales de Información [funcionario que la ley requiere], dicen que no saben si tienen oficiales de información. Te transfieren a la Oficina de Prensa, donde nadie contesta. Aún así, desde hoy, cuando usted vaya a hacer una solicitud de información a La Fortaleza, tendrá que copiar a los Oficiales de Información cuyos nombres e emails desconocemos, y a la Gobernadora Jenniffer González Colón. Su email es governor@fortaleza.pr.gov. En el caso de los jefes de cada agencia o de los alcaldes, a los que hay que copiar en las solicitudes, vaya usted a saber cuáles son sus correos.
Más de 50 organizaciones profesionales, cívicas y comunitarias de Puerto Rico, así como otras de 20 entidades estadounidenses e internacionales que evaluaron este proyecto de ley le pidieron el veto a la Gobernadora.
Encima de que este proyecto nadie lo pidió, no le dieron vistas públicas en el Senado, le hicieron enmiendas que empeoraron aún más la medida en el proceso legislativo, lo bajaron por descargue en la Cámara, cuyo presidente también mintió al decir que “no tenía prisa” para aprobarlo, y ahora lo firman también sin darle cara ni escuchar a las organizaciones, a la academia, a las comunidades ni a la prensa.
Esta es una ley antidemocrática, que le quita derechos a los puertorriqueños que ya reconocía nuestra Constitución, y que solo es ventaja para una administración despótica que busca gobernar sin fiscalización y a espaldas del pueblo. Ahora los obstáculos serán mayores con la burocracia que se impone, para intentar cansar a quien quiere saber, a quien quiere fiscalizar, a quien quiere participar.
La Gobernadora tenía mucha información, datos y razones para no firmar este proyecto. El veto se le puso en bandeja de plata. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué la Gobernadora firmó este proyecto de su archienemigo político Thomas Rivera Schatz? ¿Qué pasó, le torcieron el brazo? Tal vez al final solo sea que ambos coinciden en su visión sobre los derechos a la libertad de expresión y el acceso a la información: que deben ser reducidos, para que sea más fácil cometer fechorías y abusar del poder. Esa es solo una posibilidad.
Lo que quizá no entienden es que los periodistas somos como una piedra en el zapato, pero no de las que uno se quita, sino de las que los van a acompañar a lo largo de su camino, mientras duren, como políticos. Los periodistas de oficio, que ejercen con tesón y valentía su oficio, no se amilanan ante los abusos. Redoblan, buscan formas creativas, huecos, fuentes alternas, y hacen todavía con mayor ahínco el trabajo que les toca.














































A base de las alegaciones que se hacen en el reportaje, se concluye que fue un proceso viciado y que no siguió el debido proceso de ley que garantiza nuestra Constitución.
Al pueblo de Puerto Rico le asiste el derecho de acudir al tribunal federal porque se está violentando el freedom of information act .