La reciente noticia publicada en el periódico inglés Daily Mail sobre la posibilidad de que Donald Trump considere firmar una orden ejecutiva para conceder la independencia a Puerto Rico ha causado un revuelo sin precedentes.
Rápidamente, entidades gubernamentales de Puerto Rico han salido a desmentir la noticia, afirmando que no tiene base alguna.
No obstante, en los pasillos del Congreso y de la rama ejecutiva federal sí circulan documentos preparados por un movimiento que busca impulsar una orden ejecutiva para la descolonización de Puerto Rico.
Esta disonancia demuestra que los funcionarios del gobierno de Puerto Rico están perdidos en el espacio, sin capacidad de interpretar la dinámica política real en Washington.
Sin embargo, es importante destacar que la noticia parece exagerada en cuanto a la inminencia de que Trump tome acción o la verdadera influencia que ciertos sectores puedan tener sobre su decisión.
A pesar de todo, el mero planteamiento del asunto genera interrogantes y posibilidades interesantes nunca antes vistas, abriendo la discusión sobre un camino alternativo para la descolonización de Puerto Rico que hasta ahora se había considerado inviable.
El impacto de esta revelación no puede subestimarse. Desde hace 127 años, todos los intentos por descolonizar a Puerto Rico han fracasado. Los plebiscitos han sido ejercicios simbólicos sin repercusión en Washington, el Congreso federal ha ignorado sistemáticamente cualquier petición de autodeterminación, y el modelo del Estado Libre Asociado colapsó jurídicamente con los casos de Sanchez Valle y Aurelius.
La imposición de la Junta de Supervisión Fiscal mediante la Ley PROMESA terminó por confirmar que Puerto Rico es una colonia, en todos los aspectos.
¿Quién tiene el poder para descolonizar?
En este contexto, el poder presidencial sobre la política exterior cobra una relevancia crítica.
La Constitución de los Estados Unidos otorga al presidente amplias facultades en asuntos de relaciones internacionales. Puerto Rico, aunque bajo dominio estadounidense, fue invadido cruentamente en 1898. En ese momento, ya era una nación con gobierno propio.
Esta realidad histórica podría justificar su reconocimiento como Estado independiente, sin necesidad de intervención congresional.
A lo largo de la historia, Estados Unidos ha reconocido la soberanía de países previamente invadidos o intervenidos, generalmente a través de tratados o acuerdos respaldados por el Congreso. Sin embargo, existen casos donde el reconocimiento de soberanía o cambios territoriales han sido efectuados mediante acciones unilaterales presidenciales.
Un ejemplo claro de esta práctica es la retirada de Estados Unidos de Irak en 2004, cuando la administración de George W. Bush transfirió formalmente la soberanía al Gobierno Provisional Iraquí, sin requerir un voto del Congreso.
Del mismo modo, en 2021, el presidente Joe Biden anunció unilateralmente la retirada de las tropas de Afganistán, reconociendo así el restablecimiento de la soberanía afgana.
Trump, con su tendencia a gobernar de manera transaccional, podría ver la independencia de Puerto Rico como una medida pragmática para reducir costos y consolidar su imagen de “hacedor de acuerdos”.
Sin embargo, esta acción podría ser objeto de litigación constitucional que llegue hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Dentro del contexto de la ampliación de los poderes presidenciales bajo la teoría unitaria de la presidencia, el resultado podría ser el reconocimiento de que el presidente sí tiene la facultad para descolonizar a Puerto Rico mediante una orden ejecutiva, lo que representaría un precedente jurídico, sin precedentes.
El desmoronamiento del modelo colonial
En el año 2016, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reafirmó que Puerto Rico es un territorio no incorporado sin soberanía propia. Esto significa que el Congreso tiene control absoluto sobre la isla, pero también implica que el presidente de los Estados Unidos, como jefe de Estado y arquitecto de la política exterior, podría reconfigurar unilateralmente la relación de Estados Unidos con Puerto Rico, sin requerir aprobación legislativa.
Históricamente, tanto la estadidad como la independencia han quedado atrapadas en el inmovilismo del Congreso. Sin embargo, Trump no es un presidente convencional, y su visión transaccional podría convertir la independencia de Puerto Rico en una “negociación empresarial” que le permita reducir la carga fiscal de la isla sobre el presupuesto federal.
Enfrentado con un déficit multimillonario y con la necesidad de demostrar decisiones audaces en política doméstica, podría ver esta medida como una solución viable.
A esto se suma la inminencia de los recortes que la administración de Trump podría imponer en los programas federales que sostienen la economía de Puerto Rico. Sin un plan alternativo para enfrentar estas reducciones, la isla se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema que podría desembocar en un colapso económico.
Ni el bipartidismo tradicional ni el gobierno local han presentado un Plan B para atender esta crisis inminente. La falta de estrategia nos deja expuestos a la improvisación y a las decisiones unilaterales de Washington.
Ante este panorama, es imperativo implantar un plan B serio y estructurado hacia la soberanía mediante la independencia, asegurando que la transición se lleve a cabo en condiciones que favorezcan el bienestar y la estabilidad del pueblo puertorriqueño.
Hacia una orden ejecutiva de descolonización
Un memorando reciente circulado en el Congreso sugirió que, ante el estancamiento legislativo, la Casa Blanca podría tomar la iniciativa mediante una orden ejecutiva que establezca un plan de transición hacia la independencia de Puerto Rico.
La orden ejecutiva que está circulando en Washington contempla estos elementos, los cuales buscan garantizar una transición ordenada y estable hacia la soberanía plena de la isla.
Para que esta orden ejecutiva tenga la legitimidad y efectividad necesarias, debería contemplar los siguientes elementos:
- Reconocimiento formal de la independencia de Puerto Rico, con una fecha específica de entrada en vigor para permitir la planificación de la transición.
- Creación de una Comisión Ejecutiva de Transición (CET), encargada de supervisar la salida progresiva de las agencias federales de la isla.
- Un plan de estabilidad financiera, incluyendo la asignación de fondos federales durante un periodo de transición para evitar una crisis económica inmediata e implantar un verdadero plan de desarrollo económico.
- Negociación de acuerdos comerciales y de seguridad con los Estados Unidos, similares a los tratados que han regido la relación con otras naciones soberanas tras su independencia.
- Cancelación de la deuda pública de Puerto Rico, como medida de estabilización financiera en el marco de la transición.
- Creación de una Asamblea Constituyente, que redacte una nueva Constitución para Puerto Rico y defina la estructura del nuevo gobierno.
- Definición del estatus de la ciudadanía y libre tránsito, garantizando que los puertorriqueños nacidos antes de la independencia conserven su ciudadanía estadounidense y que todas las personas mantengan el libre tránsito entre ambos países.
- Disolución de la Junta de Supervisión Fiscal, transfiriendo el poder económico y fiscal al nuevo gobierno soberano.
El dilema político: riesgos y oportunidades
Esta estrategia no está exenta de riesgos. Negociar con Trump no es fácil, y una independencia impuesta por orden ejecutiva podría ser vista como un acto unilateral sin el respaldo directo del pueblo puertorriqueño. No obstante, la realidad es que continuar haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente es una fórmula condenada al fracaso.
La clave radica en cómo Puerto Rico responde a esta potencial jugada política.
Con más de seis millones de boricuas en Estados Unidos, existe un poder político que puede ser movilizado para influir en la administración Trump y negociar los términos de la transición.
Además, el tema de la ciudadanía y los ahorros fiscales que representaría la independencia de Puerto Rico podrían ser muy persuasivos para Trump, quien podría presentar esta medida como una victoria política y económica para su base electoral.
Conclusión: la última oportunidad
Puerto Rico no puede seguir atrapado en la ilusión de que el Congreso intervendrá para ofrecer una solución justa. Si la alternativa que se presenta es una orden ejecutiva presidencial que establezca un proceso ordenado de descolonización, la discusión debe centrarse en cómo garantizar que ese proceso se lleve a cabo con las salvaguardas necesarias para proteger los derechos y aspiraciones del pueblo puertorriqueño.
La pregunta no es si Trump actuará con el desdén que lo caracteriza, sino si Puerto Rico estará preparado para implantar un Plan B y enfrentar el desafío con una estrategia clara.
El inmovilismo ya no es una opción. Ha llegado el momento de decidir nuestro destino.
Negar la realidad no es una opción.
Soy PUERTORRIQUEÑO y no me interesa venderme como mercancia de segunda clase. Eso seria la ESTADIDAD, condición totalmente humillante ya que seria pretender ser lo que yo jamas podré ser.
Solo mediante la INDEPENDENCIA nos reafirmamos en nuestro poder de crecimiento en todos los ambitos.
Que se preparen ls viidores de el obierno.( Politicos). Esta gente que han hecho de vivir de cuento una profecion. Gobiernan, Se quedan de audantes, en lo que el partido vuelve a el poder y despues siguen ROBANDOLE a el pueblo. Esos SI, tienen que temblar, El pais seguira aprendiendo como vivir trabajando sus nuevas reglas. Ahora hay qque aprender como se ie sin «el mantengo» de USA. Echar pa’lante como se debe.
Adelante. » Llego’ la Hora de la Suprema Definicion O Yanquis O Puertorrqueños» ( Don
Pedro Albizu Campos)
Rene M. Torres Platet
Excelente columna que nos brinda entender el escenario político estadounidense hacia nuestra realidad Colonial y la hoja de ruta a seguir. Ni el bipartidismo PNP/PPD ni el gobierno tiene un Plan B ante lo que puede darse.
Trump vil déspota que es va hacer lo que le dé la real gana. Queda del pueblo hacerlo antes y mandarlo a donde se merece. Para aquellos quienes votaron por la González pidanle ayuda a ella.
¡Qué mucha razón tenía Albizu Campos!
Puerto Rico no era una nación independiente con gobierno propio en 1898, al momento de la invasión militar estadounidense.
Era una provincia española con un estatuto de autonomía e igualdad plena con el resto de la nación española.
Con representación política y congresistas y senadores con voz y voto en Madrid.
Puerto Rico tiene derecho a volver a formar parte de su verdadera nación, España.
Una columna lúcida sobre nuestra realidad colonial y la urgencia de presentar el Plan B como solución a una situacion que nos asfixia y limita como colonia. Me gustaría ver el documento de 7 páginas para asi entender con más precisión cada elemento del mismo.
Esto es fácil, solo presenten al Congreso la Resolución del Comité de Descolonización aprobada en verano del 2024 para que el Congreso la acepte y la haga realidad.
Si a ti te gusta que te digan lo que tienes que pensar y hacer, pues eres un esclavo. Si a ti te gusta que te hicieran lo que no te gusta, pues a la mayoria no. Aprende a ser libre, como Dios nos hizo. So chupa teta.kotito
He seguido de cerca este esfuerzo patriótico del grupo de independentistas que dan respuesta a las constantes preguntas y ataques de costumbre contra la independencia. La columna es excelente. Sin embargo, pienso que una resolución conjunta de nuestra asamblea legislativa exigiendo el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a nuestra soberanía e independencia es cónsona con el derecho internacional y un elemento de presión que hace a la comunidad internacional participe de esa solicitud. El mero anuncio le daría la vuelta al mundo. Hay que exigirles a los miembros de la Asamblea legislativa de Puerto Rico que se presente esa esa resolución.
Es ilusorio, pensar que los políticos, de Puerto Rico, de ambos partidos, tengan la capacidad intelectual, la voluntad y la integridad, como para desarrollar un “plan B”…