Quedan dos semanas para que llegue el 30 de noviembre y caduque el leonino contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con LUMA Energy. No obstante, al momento que se escribe, el gobernador Pedro Pierluisi no ha respondido en forma clara ni directa a los clamores para que ese día se deje expirar.
En su lugar, el gobernador ha respondido con múltiples evasivas. Obviamente, para no dar cara al pueblo.
Por sus propios términos, el contrato suplementario con LUMA dejará de existir el 30 de noviembre. Por consiguiente, no entraría en vigor el contrato de 15 años que nos condenaría por tan largo periodo a energía sucia, no confiable y costosa.
Sin embargo, Pierluisi ha intentado engañar al decir -contrario a lo que expresa el contrato suplementario- que la decisión de extender el contrato es de LUMA; que el 1 de diciembre LUMA seguirá operando (sin duda, pues ese día lo que procedería es una transición que LUMA tiene que ejecutar); y también ha repetido que LUMA está en probatoria, pero sin decir cómo LUMA saldría de la probatoria.
Incluso, ayer lunes creó revuelo al afirmar que el 1 de diciembre LUMA se queda, pero volvió a evadir bajo qué términos y condiciones. ¿Qué esconde el gobernador?
El gobernador debe responder directamente si va a extender o no el contrato el próximo 30 de noviembre. Además, en caso de extenderlo, por cuánto tiempo lo hará y si será bajo las mismas condiciones negociadas o bajo cambios a las obligaciones pactadas. El pueblo tiene derecho a saber qué trama el gobernador con LUMA.
La visita de la Secretaria del Departamento de Energía federal a Puerto Rico para discutir la situación de la reconstrucción de la red de energía del país y la ruta hacia la energía renovable generó mucha especulación y expectativas. Muchos la han tomado como un apoyo y lavado de cara a la gestión de LUMA. Esto no es correcto, pues la secretaria ha dicho que LUMA no está brindando el mejor servicio y que necesita más información para hacer una recomendación sobre su permanencia.
No obstante, sí mencionó que cambiar de operador de la red de operación y distribución atrasaría el proceso de reconstrucción de la red.
Debe notarse que el énfasis de la secretaria es la transición a la energía renovable en o antes de 2050 y en nada tiene que ver con la fiscalización a LUMA. Por tanto, lo descrito por la secretaria no dispone del asunto, ni releva al gobernador de informar detalladamente al pueblo sobre lo que va a hacer el 30 de noviembre.
Las expresiones y gestiones de la Secretaria de Energía en Puerto Rico tampoco resuelven nuestro problema diario y recurrente con LUMA Energy, pues sigue operando a sus anchas, sin controles de gastos ni fiscalización y sin los empleados necesarios para lograr un servicio de calidad.
Cadena de falsedades
Uno de los objetivos del contrato con LUMA era reducir las tarifas y facilitar la construcción y administración de una red más fuerte y confiable. Sin embargo, al arrancar el contrato de LUMA costó $168 millones para que aprendieran sobre nuestra red de energía eléctrica.
Además, el gobierno tuvo que darle a LUMA otros $1,000 millones como aportación de capital que no tendrá que devolver. Asimismo, solo el contrato suplementario ya nos ha costado más de $115 millones adicionales.
Para colmo, se está pagando doble nómina laboral, porque LUMA no contrató al personal diestro y con la experiencia para operar la red que trabajaba en la AEE. Por eso, los empleados de la corporación pública fueron desplazados a las agencias gubernamentales y ahora dedican sus conocimientos, experiencia y valioso tiempo a gestiones no relacionadas con la red eléctrica del país, como pasar el trimmer y ocuparse como choferes, todo a costa del gobierno central.
Simultáneamente, el contrato le entregó a LUMA la capacidad de gastar el dinero de la reconstrucción de la red de transmisión y distribución: $9,000 millones que LUMA tiene a su disposición y que bajo el contrato se permite se gasten en subcontratos con sus matrices y las afiliadas.
Así que, en una gestión plagada de conflictos de intereses, LUMA decide los proyectos que va a ejecutar, determina el costo y se lo asignará a una de sus matrices o afiliadas, con el consentimiento gubernamental.
Si todo esto se concreta, la histórica cifra de fondos para la reconstrucción de la red eléctrica se irá a empresas extranjeras y migrará del país en o antes de cada medianoche, lo que impedirá que los $9,000 millones tengan impacto en el crecimiento y desarrollo económico del país.
Si todo esto se consuma, el dinero se hará sal y agua, porque este es el saqueo que LUMA persigue.
También debe quedar claro que no hay manera de que LUMA reduzca las tarifas de energía, pues está motivada por el ánimo de lucro de sus accionistas, y hay que tomar en cuenta que los $9,000 millones que el gobernador no objeta se le entregue es dinero que LUMA no empleará para la transición a la energía renovable. Es dinero para reconstruir la red de transmisión y distribución actual.
Obviamente, será con equipos y materiales nuevos, pero no implica una transformación del sistema eléctrico hacia los objetivos de política pública de 100 por ciento de energía renovable al año 2050. Por ende, aun reparando la red actual lo antes posible, no se augura una mejoría en el servicio que ofrece LUMA, pues su plan de “mejoras” quedaría siempre expuesta a los embates, cada año más frecuentes, de la naturaleza.
Además, es más que pertinente advertir y aclarar que ese dinero no es para mantenimiento ni operaciones, que es donde LUMA falla, a diario.
Por estas razones no se anticipa que las funciones de LUMA Energy mejoren a corto ni mediano plazo, aún con la inversión de los $9 mil millones para la reconstrucción. Para colmo, se llevarán las ganancias de la inversión. Precisamente ayer, a pocos minutos de que el gobernador dijera que LUMA se queda, otro error de esa compañía dejó a 175 mil clientes sin energía por varias horas. LUMA no va a mejorar, por lo que debe irse de inmediato.
Mientras tanto, el consenso en Puerto Rico y los Estados Unidos para que LUMA se retire se sigue fortaleciendo. Cada semana se suman más organizaciones en esfuerzos de diálogo y desarrollo de conocimiento sobre los daños de la privatización de los servicios esenciales y las propuestas puntuales para evitarlos. Además, se están planificando actividades multitudinarias de presión política y la legislatura sigue en sus esfuerzos por cancelar el contrato, establecer una transición ordenada y proteger a los trabajadores de la AEE que fueron desplazados.
El gobernador no puede seguir ciego, sordo y mudo sobre esta situación. Debe hablar claro e inmediatamente.
El pueblo tiene derecho a saber de una vez si el gobernador Pierluisi seguirá jugando con el derecho humano al acceso a la energía limpia, confiable y a un costo razonable.
