El municipio de Arroyo, uno por los cuales las tropas militares estadounidenses entraron al archipiélago puertorriqueño durante la guerra Hispano-Estadounidense en el año 1898, es nuevamente escenario de desembarcos militares.
Esta vez, 128 años después, los Estados Unidos están desplegando aviones de combate, buques anfibios y grandes buques de guerra, mientas en otros lugares del archipiélago también se observa un masivo despliegue militar estadounidense.
Supuestamente, la administración Trump propone utilizar a Puerto Rico como base para combatir el narcotráfico, pero el objetivo del enorme despliegue militar aparenta ser otro: el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
Para la presunta misión de detener el flujo de drogas ilegales desde Latinoamérica, el secretario de Guerra -en lugar del de Defensa- de los Estados Unidos, Peter Hegseth, y otros comandantes militares realizaron visitas sorpresa a Puerto Rico en un intento por movilizar a las tropas, el pasado 8 de septiembre.
No obstante, durante años se ha constatado que la mayoría de las drogas ilícitas que desde Latinoamérica entran a los Estados Unidos provienen de los países andinos, no de Venezuela, por lo que las acciones de Trump son un claro intento de intervención en ese país y, posiblemente, otro ardid para desviar la atención de sus escándalos personales y políticas fallidas.
Mientras esto ocurre, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, su jefe de seguridad, Arthur Garffer, e incluso el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, ven la invasión militar como una oportunidad para el necesario desarrollo económico del archipiélago, sin que parezca importarles que esta incursión militar estadounidense pueda significar la pérdida de muchas vidas.
La semana pasada, como preludio a las intensificadas maniobras militares, el bombardeo estadounidense contra un barco en el mar Caribe cobró la vida de sus 11 ocupantes, sin probarse que fueran narcotraficantes.
La gobernadora republicana del archipiélago y otros allegados de Trump parecen dispuestos a sacrificar innecesariamente más vidas para demostrar su lealtad al imperio estadounidense y congraciarse con su actual presidente.
Coincidentemente, durante los pasados días muchos puertorriqueños han conmemorado el natalicio del líder nacionalista Pedro Albizu Campos, quien luchó contra la ocupación estadounidense del archipiélago y sigue siendo un símbolo de resistencia al imperialismo.
Durante la mayor parte de su historia, Puerto Rico ha sido utilizado como base militar, primero bajo el dominio español y ahora bajo el estadounidense.
La lucha puertorriqueña contra el ejército estadounidense ha cosechado algunos éxitos, como la expulsión de la Marina de los municipios insulares de Vieques y Culebra y el cierre de grandes instalaciones militares como Roosevelt Roads y Ramey Field. Ahora, se habla de la posible reapertura de bases militares estadounidenses clausuradas, y la nueva estrategia de Trump con el Departamento de Guerra parece revertir esas victorias.
No obstante, las implicaciones de una militarización intensificada son de amplio alcance.
En pueblos como Salinas, Puerto Rico, el período previo a la incursión estadounidense en la Segunda Guerra Mundial implicó el desalojo masivo de comunidades para construir una base militar que ocupa un tercio del territorio del municipio.
Allí, maniobras militares estadounidenses con munición real mutilaron y mataron a residentes locales que ya habían sido desplazados de sus medios de vida agrarios.
El ejército estadounidense ha contaminado tierras, fuentes de agua dulce y ecosistemas marinos en todo el archipiélago. Mas ahora, la reconstrucción y expansión de las instalaciones de la Guardia Nacional del Ejército en Salinas amenaza el suministro de agua potable para los cerca de 30 mil habitantes del municipio.
También conlleva un posible aumento de los niveles de inundación en el centro del pueblo y las comunidades cercanas, además de mayor contaminación y químicos tóxicos y volátiles, junto a la posibilidad de más pérdida de vidas.
El belicismo de Trump en esta parte del mundo ha sido en cierto modo sorprendente, pero grupos de la sociedad civil en Puerto Rico ya están dando la voz de alarma. El ejército estadounidense ha causado demasiado daño y no debería arrastrar a Puerto Rico y a Estados Unidos a un conflicto sin sentido e ilegal.
La autora es abogada especializada en Derecho Ambiental.
