Tiktok contraatacó el martes en un momento en que aumenta la presión debido a preocupaciones de ciberseguridad y desinformación, al actualizar sus reglas y estándares de contenido mientras su director general advertía contra una posible prohibición de Estados Unidos.
El CEO de la aplicación de videos de propiedad china, Shou Zi Chew, tenía programado comparecer el jueves ante legisladores del Congreso estadounidense, quienes lo interrogarán sobre las prácticas de privacidad y seguridad de datos de la empresa y su relación con el gobierno chino.
Chew dijo en un video de TikTok que la audiencia “ocurre en un momento crucial” para la empresa, luego de que legisladores introdujeran medidas que extenderían la autoridad del gobierno de Joe Biden para promulgar una prohibición federal en la app, que según el director más de 150 millones de estadounidenses usan.
“Algunos políticos han comenzado a hablar sobre la prohibición de TikTok. Ahora esto podría quitarles TikTok a 150 millones de ustedes”, dijo Chew, vestido de forma casual con pantalones de mezclilla y una sudadera azul con el domo del Capitolio en Washington en el fondo.
“Testificaré ante el Congreso esta semana para compartirles a todos lo que hacemos para proteger a los estadounidenses que usan la app”, agregó.
TikTok ha estado bajo ataque en Estados Unidos, Europa y la región Asia-Pacífico, en donde cada vez más gobiernos han prohibido TikTok en dispositivos usados para asuntos oficiales ante la preocupación de que represente riesgos de ciberseguridad y privacidad de datos o pueda usarse para fomentar discursos y desinformación a favor de Beijing.
Hasta el momento, no hay pruebas que indiquen que esto ha sucedido o que TikTok ha entregado datos al gobierno chino, como argumentan algunos de sus críticos.
Noruega y Holanda advirtieron el martes que apps como TikTok no deben instalarse en teléfonos entregados a empleados del gobierno, ambos citando a agencias de seguridad o de inteligencia.
Existe un “gran riesgo” si TikTok o Telegram se instalan en dispositivos que tienen acceso a “infraestructura digital o servicios internos”, dijo el Ministerio de justicia noruego sin proporcionar más detalles.
