El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) demandó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que entregue información relacionada con los problemas experimentados durante el proceso electoral solicitada por las periodistas Damaris Suárez y Vanessa Colón Almenas.
Según el CPI, la CEE ha incumplido con lo que exige la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
“Toda la información solicitada es pública y de alto interés para el Pueblo de Puerto Rico. Si se quiere atender la desconfianza de la gente en el proceso electoral, la CEE debe ser transparente y dar la información que se le pide de manera oportuna. La fiscalización de los procesos electorales es esencial en cualquier país para mejorar los procesos democráticos. En este caso, ante un proceso electoral tan atropellado, con tantos retrasos e irregularidades, es indispensable que se apueste a la transparencia para corregir errores”, dijo la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet.
Una investigación del CPI demostró que el día de las elecciones, las fallas en las máquinas de escrutinio se repetían: no encendían, se apagaban, no leían las marcas en las papeletas y las hojas se quedaban atascadas.
A solo cinco días de que abrieran los colegios de votación, la CEE tenía cerca de 1,000 máquinas de escrutinio a las que no les habían hecho las pruebas de lógica y precisión pese a que serían utilizadas como reemplazo para las que se dañaran el día de las elecciones generales.
Ante las fallas con las máquinas de escrutinio utilizadas en el proceso de contabilización del voto adelantando y del voto ausente, tanto antes del día de las elecciones como el 5 de noviembre, día de las elecciones generales, Suárez solicitó desde el 7 de noviembre a la CEE datos de la cantidad total de máquinas de escrutinio disponibles para contabilizar estos votos previo a la noche, indicando cuántas eran de tipo ICC (Image Cast Central) y cuántas de tipo ICP (Image Cast Precinct).
Asimismo, solicitó la cantidad de máquinas de escrutinio que se dañaron en estos colegios previo a la noche del evento electoral, los problemas reportados con las máquinas previo a la noche del evento, y el total de máquinas de escrutinio reemplazadas previo al evento.
La periodista pidió también conocer la cantidad total de máquinas de escrutinio disponibles y la cantidad de máquinas para reemplazo, las que tuvieron que ser reemplazadas en el día del evento, las que se dañaron, todo tipo de problemas reportados con las máquinas, si hubo actualización de máquinas dañadas y si habían recibido mantenimiento.
Además, requirió el plan de mantenimiento a las máquinas entre 2020 y 2024, qué acción se tomó específicamente para remediar los problemas que dieron las máquinas durante las primarias de 2024, y que la CEE especificara si todos los colegios regulares tenían una sola máquina y el por qué.
Luego de múltiples gestiones de seguimiento, esta información no ha sido entregada por la CEE.
Por otra parte, Suárez solicitó información sobre la transmisión de los resultados el día del evento electoral. Específicamente, la cantidad de casos que no pudieron transmitir desde los colegios de votación y el por qué, quién es el responsable de que no se pudiera transmitir desde los colegios, qué medida se tomó para remediar esta situación, si se pudieron transmitir luego desde las Juntas de Inscripción Permanente, y si se utilizó alguna otra manera de transmitir o reportar los resultados. Pidió copia de los informes de mantenimiento de las máquinas de escrutinio.
Una reciente investigación del CPI reveló que las fallas en la transmisión de resultados desde los colegios fueron generalizadas, a pesar de que la CEE invirtió $1.3 millones en módems a sabiendas de que no funcionarían en la mitad de los centros de votación.
El recurso legal presentado en el tribunal incluye una petición de la periodista Vanessa Colón Almenas del 15 de noviembre en la cual solicitó a la CEE las actas de incidencias de las 114 comisiones locales del día de las elecciones.
El CPI es representado en este caso por los abogados de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana Judith Berkan y Steven P. Lausell Recurt.
