El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera radicaron hoy la estipulación final para la implementación parcial de la Ley 80-2020 Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos, atemperada a las exigencias de la Ley PROMESA.
Así lo anunció el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, junto al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, Omar J. Marrero.
Los 1,130 empleados públicos, cuyas plazas de empleo fueron catalogadas como no esenciales por sus patronos podrán retirarse con un 50 por ciento de su retribución anual más alta de los últimos 3 años al momento de acogerse.
Además de su pensión vitalicia, recibirán $100 mensuales de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más el pago de sus vacaciones acumuladas. La fecha de efectividad de salida de estos empleados será para el 31 de marzo.
Marrero Díaz indicó que, “este acuerdo final se logró tras más de dos años de arduas negociaciones con la Junta de Supervisión al culminar un proceso de evaluación exhaustivo y detallado para viabilizar el retiro de cada uno de los 1,130 servidores públicos que finalmente participarán del retiro incentivado”.
Asimismo, destacó que este acuerdo final también viabiliza contribuciones adicionales de aproximadamente $103 millones al Fideicomiso de Reserva de Pensiones, de los ahorros logrados mediante la implementación parcial de la Ley 80-2020.
