Diversas organizaciones sociales, ambientales y económicas radicaron mociones ante el Tribunal Federal en oposición a una nueva demanda presentada por bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que podría provocar aumentos en la tarifa eléctrica y desviar fondos clave para la reparación del sistema.
La acción legal, coordinada por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), responde a la reclamación de GoldenTree Asset Management y otros bonistas, quienes solicitan más de $3.7 mil millones adicionales a lo propuesto por la Junta de Control Fiscal en el plan de ajuste de deuda de la AEE.
“Esta nueva movida de los fondos buitres provocaría, sin lugar a duda, aumentos en la tarifa eléctrica, además de desviar fondos necesarios para modernizar la red eléctrica y el uso de recursos del gobierno central”, señaló Cathy Kunkel, portavoz de la Campaña No más Aumentos. Afirmó que el reclamo es “totalmente irreal” y busca apropiarse de fondos inexistentes.
Desde el sector comercial, Edna Díaz, portavoz del Centro Unido de Detallistas (CUD), advirtió sobre el impacto para pequeños y medianos empresarios. “Los aumentos en la tarifa impondrán cargos insostenibles en las operaciones comerciales y desviarán recursos urgentemente necesitados para modernizar la red eléctrica de Puerto Rico”, sostuvo.
En representación del sector salud, la doctora Norma Devarie, presidenta de la Coalición Nueva Visión de Salud, advirtió que la propuesta afectaría a los pacientes más vulnerables. “Tendrían que decidir entre costear servicios médicos o pagar la luz, especialmente quienes dependen de dispositivos eléctricos vitales”, dijo.
La directora ejecutiva de la Liga de Ciudades, Cristina Miranda Palacios, señaló que los municipios también se verían afectados por el aumento. “Esto supone costos adicionales para empresarios y una reducción en los ingresos contributivos, principal fuente de financiamiento municipal”, explicó.
Por su parte, el abogado Fernando Agrait, del ICSE, subrayó que el reclamo de los bonistas agravaría aún más el funcionamiento del sistema eléctrico. “Están actuando contra su propio interés al pretender extraer dinero de un sistema que está en su peor momento. Este grupo multisectorial está llevando la verdad del país ante el tribunal”, afirmó.
Los opositores indicaron que, salvo esta reclamación de gastos administrativos, el resto del litigio permanece paralizado bajo mediación federal hasta el 31 de octubre. La decisión de la jueza Laura Taylor Swain sobre esta demanda podría impactar directamente la viabilidad del plan de ajuste de deuda actual.
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