El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció el martes, junto al secretario del Departamento de Hacienda (DH), Francisco Parés Alicea, que presentará ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que introducirá al Código de Rentas Internas el Ajuste por Costo de Vida, con el fin de aumentar los beneficios contributivos y contrarrestar los efectos de la inflación en los individuos.
“La pandemia del COVID-19 y otros factores globales, han contribuido al incremento en el costo de vida de los puertorriqueños. Con el Ajuste por Costo de Vida buscamos dar un alivio a los contribuyentes, al reducir o eliminar el incremento indirecto en contribuciones sobre ingresos causado por esa inflación”, sostuvo el gobernador en conferencia de prensa.
También estuvo acompañado por los directores ejecutivos de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) Juan Carlos Blanco y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, quien también es secretario del Departamento de Estado.
El proyecto propone el Ajuste por Costo de Vida, tanto para las escalas contributivas actuales, como para aumentar el límite máximo que se puede reclamar en ciertas deducciones y exenciones ya existentes.
Por su parte, Parés Alicea explicó que esta medida aumentaría el renglón de ingresos a base del cual un individuo comenzaría a tributar en una escala contributiva en particular, a partir del año contributivo 2023 en adelante.
Por su parte, el secretario Pares Alicea explicó que “este proyecto también ajusta los límites de deducción de intereses hipotecarios, aportaciones a planes de retiro individual -IRAs, por sus siglas en inglés- y las aportaciones a cuentas educativas. Asimismo, aumenta la exención personal y por dependientes, que desde 2011 se mantienen en 3,500 y 2,500 dólares, respectivamente. El Ajuste de Costo de Vida no altera las tasas contributivas y solamente aplicará a individuos”.
Para hacer extensivos los beneficios a este año contributivo 2022, la ley establecería un Incentivo por Ajuste al Costo de Vida. Bajo este incentivo, el Departamento de Hacienda deberá calcular el impacto que el Ajuste por Costo de Vida hubiese tenido en la responsabilidad contributiva del contribuyente, si alguna, y enviará un pago a dicho contribuyente.
El pago se realizará en dos fechas: el 30 de junio de 2023 para las planillas radicadas en o antes del 17 de abril de 2023 y el 31 de enero de 2024 para las planillas radicadas luego del 17 de abril de 2023, pero en o antes del 15 de octubre de 2023.
“Este proyecto busca dar un alivio a nuestro pueblo a raíz de la inflación, utilizando un mecanismo ya reconocido a nivel federal para hacer ajustes por el costo de vida. Estimamos que esto tendrá un costo de alrededor de 67 millones de dólares. AAFAF y OGP integrarán este nuevo estado de derecho, una vez aprobado, en las proyecciones del Plan Fiscal y de los presupuestos del Gobierno de Puerto Rico por lo que entendemos que el impacto fiscal será mínimo y se podrá absorber dado el progreso económico que estamos teniendo”, sostuvo el primer ejecutivo.
El proyecto detalla que la inflación se ve reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) o Consumer Price Index, que en junio de 2022 aumentó 9.1 por ciento sobre el año anterior. La fórmula para el Ajuste por Costo de Vida será el por ciento, si alguno, por el cual el IPC del año calendario anterior exceda el IPC para el año calendario anterior a este.
Por lo tanto, para determinar el Ajuste de Costo de Vida para el año contributivo 2023, se deberá medir el por ciento por el cual el IPC del año 2022 excede el IPC del año 2021. Por otro lado, para el incentivo que aplicará solo este año contributivo 2022, se medirá el por ciento por el cual el IPC del año 2021 excede el IPC del año 2020. El secretario determinará los ajustes a las partidas todos los años, basado en esta fórmula.
En Puerto Rico, los renglones contributivos de individuos no se han revisado desde el año 2013. Aun cuando se introdujo un descuento en la contribución normal de individuos de un 5 por ciento mediante la Ley 257-2018 y de 8 por ciento mediante la Ley 40-2020, dicho descuento no compensa por la inflación experimentada en la Isla desde el 2013.
“Esta medida, por primera vez, atempera los renglones contributivos al impacto de la inflación que hemos enfrentado en la última década y que se proyecta continuará por los próximos años. Tal y como hemos trabajado por los pasados dos años, continuaremos identificando alternativas para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros ciudadanos y darle un alivio al bolsillo de nuestra clase trabajadora”, puntualizó el gobernador.
