Un fallo de la Corte Suprema de Puerto Rico dejó en el limbo a cientos de miles de permisos comerciales y de construcción emitidos, mientras se supone lucha por atraer inversores en medio de una crisis económica.
Funcionarios gubernamentales trataron el jueves de calmar las preocupaciones por las consecuencias del fallo, que confirma la decisión de una corte de apelaciones que anula un documento de 2020 que regula el uso de la tierra y la concesión de permisos en la isla.
El fallo publicado el miércoles llevó al gobierno a tomar la medida sin precedentes de suspender temporalmente el acceso al sitio web donde las personas solicitan permisos.
Aunque el jueves se restableció el acceso, aún reinaba la confusión cuando la gente comenzó a cuestionar si se les permitía operar un nuevo negocio que ya abrieron, mantener una nueva plataforma que construyeron o comenzar desde cero y obtener nuevos permisos si estaban en medio de la construcción de un hospital u otras estructuras.
“Esto pone en riesgo nuestra débil economía”, afirmó Luis Vega Ramos, secretario general del principal partido opositor, el Partido Popular Democrático.
El jueves, Manuel Cidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), emitió un comunicado diciendo que las personas pueden seguir solicitando permisos como de costumbre y señaló que el documento anulado por la Corte Suprema de la isla permanecerá vigente “hasta que se agoten todos los remedios legales”.
La abogada ambientalista Verónica González confirmó que el actual plan de uso de suelo se mantendrá vigente hasta que la decisión de la Corte Suprema sea definitiva y agregó que el gobierno tiene dos oportunidades para apelar. Sin embargo, señaló que ahora cualquiera puede acudir a los tribunales y reclamar que un permiso emitido para cierto negocio o proyecto de construcción es ilegal dado el fallo.
“La incertidumbre siempre va a crear problemas”, dijo.
