Un colectivo de organizaciones de la sociedad civil urgió al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) a denegar el aumento en la tarifa básica de energía eléctrica solicitado por LUMA Energy, al advertir que la medida podría representar hasta $40 adicionales mensuales para los abonados, sin que se evidencien mejoras en el servicio ni en los costos.
Las organizaciones —entre ellas el Comité Diálogo Ambiental, El Puente de Williamsburg, el Frente Unido en Defensa del Valle de Lajas, Cambio PR y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida— sostuvieron que no se debe trasladar a los clientes el costo de lo que describieron como la incapacidad de las empresas privatizadoras para mejorar el sistema eléctrico, reducir gastos operacionales y utilizar de manera efectiva los fondos federales disponibles.
En comentarios públicos sometidos ante el Negociado el 18 de diciembre de 2025, los grupos señalaron que de las vistas evidenciarias surge que, pese a la disponibilidad de fondos federales para modernizar la red, LUMA ha demostrado deficiencias en planificación, manejo administrativo y procesos internos, lo que ha limitado el acceso a dichos recursos.
Las organizaciones alertaron que la privatización del sistema ha derivado en más apagones, fallas operativas persistentes, aumento de gastos e ineficiencias, lo que ha afectado a los abonados y retrasado proyectos esenciales, además de erosionar la confianza pública.
Asimismo, denunciaron que LUMA pretende que los clientes prepaguen trabajos de mantenimiento y mejoras que podrían cubrirse con fondos federales, lo que podría resultar en una doble compensación. Indicaron que esta práctica es contraria al deber del operador de proveer un servicio asequible, eficiente y confiable.
El colectivo también rechazó varias solicitudes de LUMA ante el Negociado, entre ellas la eliminación de supervisión sobre enmiendas presupuestarias y reasignaciones mayores al 5 por ciento, la reducción de informes trimestrales y la limitación del análisis y seguimiento de datos. A su juicio, estas medidas debilitarían la fiscalización y facilitarían ineficiencias y sobrecostos.
De igual forma, plantearon que el Negociado no debe revertir el cierre de las Unidades 7 al 10 de la Central Termoeléctrica de San Juan, proyecto que estimaron en $125 millones y que ya había sido rechazado por el Departamento de Energía federal. También señalaron posibles conflictos de interés en la estructura administrativa de Genera, relacionados con la compra de gas metano y el retraso en la transición a energías renovables.
Las organizaciones exhortaron al Negociado a alinear sus decisiones con la Política Pública Energética de Puerto Rico, que establece como meta que el 100 por ciento de la energía provenga de fuentes renovables para el año 2050. Indicaron que estudios citados confirman la viabilidad de alcanzar hasta un 75 por ciento de generación mediante sistemas solares distribuidos en techos con baterías.
Además, reclamaron que se celebren más vistas públicas sobre el aumento tarifario propuesto, al señalar que el Negociado solo programó cinco vistas, excluyendo regiones como el oeste, el centro de la isla y las islas municipio de Vieques y Culebra.
Las vistas están pautadas para celebrarse del 2 al 6 de febrero en Vega Alta, Cidra, Fajardo, San Juan (incluida una modalidad virtual) y Yauco. La fecha límite para someter comentarios escritos es el 6 de marzo.
Las organizaciones exhortaron a la ciudadanía a participar del proceso y recordaron que cuentan con apoyo legal de Earthjustice, la licenciada Ruth Santiago y Pedro Saadé Llorens.
