Tras se excluidos del aumento al salario mínimo por petición de los alcaldes, empleados municipales y de las oficinas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) exigieron el martes urgentemente les suban su sueldo $7.25 a $10.50 la hora.
«Es inaceptable que mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa privada en Puerto Rico comienzan a beneficiarse de un salario mínimo más justo, los empleados municipales de Arroyo, Patillas, Lajas, Añasco, Ciales y Utuado y del CRIM, quienes son la primera línea de servicio a los ciudadanos, sean marginados y obligados a subsistir con $7.25 la hora y con oficinistas con más de 15 años de servicio a $8.62 la hora”, denunció Ángel Figueroa Jaramillo, coordinador de ProSol-Utier, sindicato que representa a los trabajadores.
“Este es un acto de discriminación laboral que se basa en subterfugios legales para eximir a los alcaldes de hacerle justicia salarial a este personal que lleva más de 15 años sin aumentos de salario», añadió.
La situación de estos empleados se torna aún más crítica considerando el aumento del costo de vida, el aumento en las facturas de agua y luz, que también entró en vigor ayer, primero de julio, y las responsabilidades que conlleva su labor.
«Los empleados municipales y del CRIM realizan tareas fundamentales para el funcionamiento de los municipios. Son empleados de primera línea, donde van los ciudadanos a buscar servicios y son primeros respondedores antes las situaciones de emergencia. No podemos permitir que continúen recibiendo sueldos de miseria cuando sabemos que cada día es más costoso vivir en este país», agregó Figueroa Jaramillo.
El líder sindical hizo un llamado a los alcaldes para que busquen soluciones que garanticen la equidad salarial y que hagan valer el Código Municipal que desde el 2020 mandata que los empleados tengan un plan de Clasificación y Retribución Uniforme, debidamente actualizado para el personal regular y de confianza
“Es imperativo que se incluya a estos trabajadores en el aumento del salario mínimo. No se puede justificar una excepción que perpetúa la injusticia y la inequidad. Si diversos sectores pudieron hacer sus ajustes para hacer cumplir la ley del salario mínimo, ¿por qué a los alcaldes no les exigen lo mismo?, cuestionó Figueroa Jaramillo.
