Una medida que busca incentivar el ahorro familiar para el beneficio de la juventud, con una ampliación a la deducción permitida por el Código de Rentas Internas de Puerto Rico en una cuenta de aportación educativa, fue aprobada por la Asamblea Legislativa y ahora espera por la firma del gobernador.
El proyecto del Senado 619, del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, expone que la deuda por concepto de préstamos estudiantiles en Puerto Rico alcanza alrededor de $213 millones, lo que provoca un impacto financiero en la juventud antes de culminar sus grados.
Según la exposición de motivos de la pieza legislativa, “la carga económica que representan los préstamos estudiantiles provoca que los jóvenes con grandes sueños y aspiraciones profesionales no se interesen en las universidades, al no contar con los recursos necesarios para obtener la misma”.
Ante esta situación, Dalmau Santiago presentó esta iniciativa con el fin de otorgar un beneficio contributivo y promover el ahorro. “Esta medida permitirá costear la educación de nuestros hijos, con un alivio contributivo y una planificación financiera responsable, reduciendo así los gastos que se destinen a estos fines. Asimismo, motivamos a que nuestros jóvenes opten por entrar a la universidad y estar mucho más preparados para enfrentar su vida profesional”, destacó el líder senatorial.
El proyecto establece que la deducción permitida por el Código de Rentas Internas no se modifica hace 10 años, a pesar de los aumentos en los costos de la educación universitaria. Ante esta falta de modificación, la medida propone que la cantidad máxima permitida como deducción no excederá $500 por cada beneficiario.
Asimismo, para los años contributivos comenzados después del 31 de diciembre de 2021, la cantidad máxima no excederá los $1,000. En los casos en que más de un pariente aporte a la cuenta creada para un beneficiario, el monto de la deducción será de acuerdo con la cantidad aportada por el pariente que lo deposite.
Según lee la medida, la educación tiene que ser una prioridad, y esta legislación es una herramienta de justicia social para lograr un crecimiento económico sostenible, con una sociedad educada, a la vez que se fomenta el ahorro en los puertorriqueños.
