Investigadores ambientales consultados por La Perla del Sur afirman que la reciente eliminación de restricciones federales a las carboneras no solo expondrá a poblaciones vecinas a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y pulmonares, cáncer e incluso muerte prematura.
También tendrá el efecto de desmoralizar a quienes por décadas han sufrido el impacto de sus emisiones tóxicas y han depositado su fe en instituciones creadas para protegerlos.
A su juicio, todas -desde la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA), hasta el Departamento de Salud de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales han abandonado su misión fundamental: salvaguardar vidas.
Arturo Massol Deyá – Director Asociado Casa Pueblo
La desregulación impulsada por la Agencia de Protección Ambiental, en la práctica, legaliza y normaliza más emisiones y más contaminación de una generatriz que ya ha sido problemática y que arrastra un historial ambiental serio. No solo por afectar la calidad del aire y del suelo, sino también por la contaminación del Gran Acuífero del Sur.
A mi juicio, esta legalización entra en conflicto directo con el derecho a la salud y con el derecho a un ambiente sano de una población que ya vive bajo una carga ambiental excesiva.
No estamos ante un vaso medio vacío. Al contrario, estamos ante un vaso lleno de contaminación y añadir más contaminantes al ambiente es forzar el desborde de una situación que ya es crítica.
Me pregunto también, con profunda preocupación, hasta qué punto estas decisiones están contribuyendo a nuevas condenas a enfermedades crónicas en una población ya afectada y, por dramático que suene, cuántas vidas pueden estar en riesgo como consecuencia de estas acciones.
Y que nadie se trague el engaño: los ahorros que represente la flexibilización de controles ambientales para AES serán, a la postre, una carga adicional para los servicios de salud pública ya debilitados y empobrecidos, en un país que simplemente no tiene cómo absorber ese costo.
Osvaldo Rosario López – Doctor en Química
La decisión del presidente Trump dirigida a reinstaurar el apoyo a las industrias del carbón y los combustibles fósiles tiene una base fundamentalmente económica.
La administración Trump está pagando a la industria de combustibles fósiles por el apoyo a su campaña política, una promesa que el presidente hizo incluso antes de ser electo.
Y mientras Trump desacredita los problemas ambientales generados por los combustibles fósiles, calificándolos de mito y fake news, está facilitando que estas industrias aumenten sus ganancias, eliminando los costos asociados con los controles ambientales.
Pero la peor parte es que este retroceso tendrá graves consecuencias para el ambiente y la salud pública de poblaciones enteras en los Estados Unidos y Puerto Rico, especialmente, en lo que respecta a las emisiones de mercurio.
Una entidad como AES Puerto Rico, que ya había sido multada con $3 millones por violar los estándares de calidad y emisiones de aire, ahora puede seguir haciéndolo con el aval de la misma EPA, lo que implica para la población una exposición mayor a contaminantes peligrosos.
Y, a pesar de la gravedad del asunto, el liderazgo político de Puerto Rico, incluida la gobernadora, ha permanecido en silencio. Está callada con respecto a estas acciones del presidente, aun cuando las mismas leyes ambientales de los Estados Unidos permiten que una jurisdicción pueda establecer unos controles más estrictos que los de la EPA.
Ahora sería el momento perfecto para levantarse y proteger de esa forma a las comunidades de Guayama, porque la reglamentación federal permite eso. California es el mejor ejemplo, pero aquí doblan las rodillas ante Trump por otros intereses.
Víctor Alvarado Guzmán – Cofundador del Comité Diálogo Ambiental
Ya sabíamos que la mentalidad de Donald Trump y de toda la gente en ese gobierno es que, primero, no le importa ni le interesa la cantidad de personas que se han afectado, que se puedan afectar en su salud o que van a morir por sus decisiones.
Segundo, que para ellos los datos científicos tampoco tienen ninguna importancia. Eso no nos sorprende.
Lo altamente preocupante es el impacto que esto va a tener ahora en las personas que llevamos años aquí tratando de que se haga a AES responsable por el daño que ha hecho, tirando sobre 2 millones de toneladas de cenizas tóxicas en Puerto Rico, y por los daños que ha causado a la gente que está enferma, que está muriendo por la exposición crónica a las nubes de esas cenizas y el carbón.
Por eso, ahora, más que nunca, hay que confrontar a los políticos de Puerto Rico y aumentar la presión para que declaren si simplemente se allanan a lo que decida el gobierno federal o buscan la forma de proteger a la gente aquí.
Ya sabemos que el gobierno de Jennifer González eligió extender cinco años más a la vida inútil de la planta de carbón, sin importarle lo que está sufriendo la gente en Guayama, especialmente en Miramar y en Puente de Jobos.
También sabemos que hay senadores que dicen que las cenizas no causan daño y que eso del cáncer es un embuste. Pero la realidad es contundente, los hallazgos científicos son contundentes, cada vez más se demuestra la incidencia de cáncer cerca de estas plantas y el efecto que pueden tener los metales pesados que contienen las cenizas.
La comunidad tiene la fortaleza moral y científica para elevar sus reclamos y un poder de presión adicional para los políticos que siempre se están en campaña.
Resta saber cómo actuarán esos representantes y senadores, qué tienen que decir los partidos y cómo van a ayudar a la gente.
