El desarrollo de un “recinto virtual” para estudiantes en el extranjero está condicionado a la disponibilidad de fondos adicionales al presupuesto general de la institución y la inclusión de enmiendas que protejan la autonomía del sistema, sostuvo la presidenta de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Zayira Jordán Conde.
La titular de la UPR indicó en una ponencia escrita que los costos estimados para implementar el proyecto rondan los $13 millones y requerirá una asignación anual de $8 millones para darle continuidad, aunque informó que estos cálculos no surgen de cotizaciones, contratos o presupuestos aprobados por la institución.
“La Universidad estima que la implantación inicial del ‘recinto virtual’ representa un impacto fiscal significativo, concentrado en infraestructura tecnológica y desarrollo académico, así como obligaciones presupuestarias recurrentes a mediano y largo plazo”, señaló Jordán Conde, quien se excusó de su cita ante la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes.
La representante Tatiana Pérez Ramírez, presidenta de la comisión legislativa, inició el proceso de vistas públicas para atender el Proyecto de la Cámara 993 –de su autoría– y la Resolución Conjunta de la Cámara 134 presentada por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD).
Ambas medidas persiguen adoptar programas completamente en línea para promover la competencia de la UPR en el creciente mercado de educación virtual y facilitar el acceso de estudiantes internacionales a títulos académicos acreditados en Estados Unidos a un menor costo.
El proyecto de la representante Pérez Ramírez, por su lado, destina una partida de $10 millones para el lanzamiento del “recinto virtual” mediante la creación de una Oficina de Internacionalización Virtual, que estaría adscrita a la presidencia de la UPR.
Sin embargo, personal de la presidencia que depuso en sustitución de Jordán Conde subrayó la importancia de que se garantice un presupuesto sostenible para el proyecto, además de “respeto pleno” al principio de autonomía universitaria y una participación efectiva entre los 11 recintos de la UPR.
“Las decisiones académicas vinculadas a programas virtuales internacionales deberán recaer en los organismos universitarios correspondientes, incluyendo los Senados Académicos, los claustros y la Junta de Gobierno”, advirtió Edna Chaar, vicepresidenta de Programas Profesionales y a Distancia de la UPR.
La deponente aseguró que el sistema universitario ya tiene una estructura operacional diseñada para el manejo de currículos a distancia y presenciales “a gran escala”. Según informó, esa dependencia administra aproximadamente $20 millones en fondos dirigidos a programas de educación virtual para empleados gubernamentales, maestros y estudiantes del sistema público.
El centro docente ofrece un total de 31 programas virtuales para una matrícula de 597 estudiantes que cursan certificaciones conducentes a grado, grados asociados, bachilleratos y maestrías, explicó Wilma Santiago, vicepresidenta ejecutiva de la UPR.
Mientras, la representante Pérez Ramírez cuestionó la limitada oferta de grados asociados en línea y la inclusión de un título de Artes en Humanidades en la UPR de Utuado cuando, a su juicio, la demanda laboral se concentra en otras áreas como la enfermería o la gerencia.
“Cuando yo hablo con jóvenes de escuela superior, el interés de ellos es completamente distinto a lo que estamos presentando como una oportunidad virtual dentro de nuestro sistema universitario”, manifestó la legisladora al debatir la inversión de recursos económicos y humanos en la creación de programas virtuales con posibles matrículas escasas.
La presidenta de la Comisión de Educación requirió la entrega en cinco días laborables del estudio de necesidades más reciente realizado por la UPR que, según las deponentes, justifica la adopción de ciertos programas virtuales. Chaar, no obstante, afirmó que la institución universitaria evalúa la apertura de nuevos currículos.
“No es que estamos cuestionando ni señalando la modalidad presencial… Es cómo podemos lograr tener un activo para la Universidad y que se pueda sostener no solamente dependiendo de fondos estatales y federales, que es lo que pretende este proyecto”, dijo Pérez Ramírez.
Por su parte, la Asociación de Industriales apoyó ambas propuestas legislativas, al tiempo que sugirió incluir materias relacionadas a la educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, en inglés) u otras que puedan vincularse a la industria de la manufactura.
“Resulta una iniciativa loable y positiva, que ciertamente amerita nuestro respaldo. Creemos que la medida viabiliza la expansión de la oferta académica por medios virtuales, más allá de nuestros límites territoriales”, puntualizó la licenciada Karen Mojica, vicepresidenta del gremio.
Mientras que instituciones como la Universidad Internacional Iberoamericana y Nova Southeastern University respaldaron la iniciativa legislativa y expresaron su disposición de colaborar con la UPR para ampliar la oferta de programas virtuales.
