El presidente Donald Trump firmó esta tarde la orden ejecutiva con la que “comenzará a eliminar definitivamente el Departamento de Educación federal” y con la que ordena a la secretaria de esa agencia, Linda McMahon, a devolver la autoridad sobre la educación a los estados.
A preguntas de la prensa aglomerada en la Sala Este de la Casa Blanca, Trump proclamó junto a McMahon y a niños sentados en pupitres: “vamos a cerrarlo, y cerrarlo lo más rápido posible”.
No obstante, este departamento federal no puede desmantelarse sin la aprobación del Congreso, la entidad que lo creó en año 1979 -tras segregarlo del Departamento de Salud, Educación y Bienestar- lo que abre el escenario a una batalla política y legal sobre el rol del gobierno en las escuelas de los Estados Unidos y sus territorios.
Aun así, figuras vinculadas a la administración Trump han adelantado a medios como The New York Times que su gobierno ya ha tomado medidas para limitar la autoridad de la agencia y reducir significativamente su plantilla.
El pasado 11 de marzo, McMahon anunció el inicio de despidos masivos en su agencia, como medida de “eficiencia”, rendición de cuentas y garantía “de que los recursos se dirijan a quienes más importan: estudiantes, padres y maestros”. Para esa fecha, la determinación afectaba a la mitad de los 4 mil trabajadores activos.
Tras la firma de la orden ejecutiva el panorama puede volver a cambiar.
En la audiencia congresional para su confirmación al cargo el pasado 13 de febrero, la secretaria McMahon aseguró a senadores que no contemplaba recortes en programas clave para la educación pública, como Título 1, educación especial, las becas Pell o TRIO, el programa federal que ofrece servicios a estudiantes de bajos recursos.
Sin embargo, hasta la fecha la agencia ya se ha reorientado para adoptar objetivos específicos de Trump, como cerrar investigaciones iniciadas durante la administración anterior, eliminar las protecciones para los estudiantes transgénero y tomar medidas enérgicas contra los programas de diversidad.
Asimismo, congresistas como el senador Bill Cassidy, presidente del Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, ya anunciaron que presentarán legislación para eliminar el departamento por completo.
El Departamento de Educación federal interviene con 50 millones de alumnos de las escuelas públicas del país, de los cuales 15 por ciento tiene discapacidades.
Las escuelas públicas en los Estados Unidos se financian principalmente con impuestos recaudados por los estados y municipios que, por naturaleza, ya controlan ese dinero. El gobierno federal aporta alrededor del 10 por ciento del presupuesto escolar total, pero el Departamento de Educación lo distribuye según la ley federal que instituyó la agencia, no a discreción del presidente.
En Puerto Rico, la gobernadora Jenniffer González Colón ha alegado que los despidos anunciados por Trump y McMahon no tendrán consecuencias. El panorama tras la firma de la orden ejecutiva, empero, reaviva la incertidumbre.
