El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico confirmó la legitimidad de la intervención del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) en el caso de la fallida compra de pruebas de detección de COVID-19, contratadas durante la administración de la entonces gobernadora Wanda Vázquez.
Según informó el lunes la Oficina del PFEI, la determinación fue emitida por los jueces Grace Grana Martínez, Nery Adames Soto y Glorianne Lotti Rodríguez, quienes resolvieron que el Informe de Investigación Preliminar del Departamento de Justicia no contiene evidencia exculpatoria que deba ser entregada a la defensa de los acusados, Aaron Vick y Juan Maldonado de Jesús.
Los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Zulma Fuster Troche sostienen los cargos contra ambos empresarios por la presunta falsificación de documentos e intervención indebida en la compraventa de pruebas rápidas a un costo de $38 millones. Maldonado fue el abogado gestor de la empresa Apex General Contractors.
Originalmente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los cargos en septiembre de 2022. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó esta determinación en septiembre de 2023 y ordenó que se reinstalaran las acusaciones.
La nueva sentencia del Tribunal de Apelaciones reafirma que el sumario fiscal es privado y secreto, salvo en los casos de evidencia exculpatoria debidamente identificada. Por ello, el caso regresa ahora al Tribunal de Primera Instancia para continuar con el proceso judicial.
