Tres expertas en educación pública favorecieron la imposición de una moratoria de cinco años al establecimiento o expansión de escuelas chárter en Puerto Rico.
A tales fines, apoyaron la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 424, que declara la moratoria a las Escuelas Alianza (chárter).
Se trata de Ana María García Blanco, fundadora del Instituto Nueva Escuela (INE), que apoya el sistema público de escuelas Montessori; Eileen V. Segarra Alméstica, catedrática del Departamento de Economía y directora del Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico; y Janice Petrovich, especialista en filantropía y el tercer sector e investigadora de política educativa.
“La moratoria que propone el magisterio del país a las escuelas “chárter” es necesaria. Ante la situación crítica que atraviesa el Departamento de Educación y las escuelas públicas, sacar del presupuesto del estado para entregarlo a entidades “privadas” agudiza aún más el problema”, estableció García Blanco.
García Blanco agregó que, en vez de continuar la privatización, el gobierno debe concentrarse en asignar los recursos necesarios para mejorar la educación pública.
“El presupuesto del DE debe invertirse en el fortalecimiento de la educación pública de forma equitativa y justa, invertir en cada escuela pública y su personal para que sea excelente”, sostuvo.
Por otro lado, Segarra Alméstica cuestionó un reciente estudio a favor de las escuelas chárter que se ha utilizado localmente para defender este tipo de institución.
“Aunque grupos de abogacía a favor de estas escuelas “chárter”, como el Centro de Estudios sobre Desempeño Educativo (CREDO, en inglés), reclaman un impacto académico positivo, una evaluación cuidadosa de su estudio muestra series deficiencias metodológicas basado en un enfoque no experimental y métodos estadísticos no convencionales. Además, los efectos encontrados son pequeños en términos estadísticos”, planteó Segarra Alméstica.
“En general, la amplia literatura sobre el tema indica que el desempeño de estas escuelas en el ámbito académico puede ser muy variado. Los estudios que muestran resultados positivos, los relaciona más a destrezas de lenguaje y menos a destrezas matemáticas. Sí parece haber un consenso en que las escuelas chárter en EE.UU. no sirven adecuadamente a la población de educación especial. Así lo muestra el mismo informe CREDO”, añadió.
Mientras, Petrovich negó que las escuelas chárter sean mejoras que las escuelas públicas.
“El problema adicional que enfrentamos en Puerto Rico es que no se puede generalizar y decir que las escuelas chárter nuestras son mejores porque hay muy poca evaluación de las mismas”, dijo Petrovich. “Lo que genera el movimiento hacia las escuelas chárter no es su éxito sino la desvalorización de los esfuerzos de instituciones públicas”.
Petrovich explicó que las escuelas chárter son parte de un proceso de privatización de todo tipo de instalación pública en el país, incluyendo infraestructura crítica como aeropuertos, muelles y carreteras, con el argumento de un supuesto ahorro de dinero para el Estado.
“El gobierno, avalado por la Junta de Control Fiscal, opta por disminuir la inversión pública por supuestamente ahorrar dinero. Esto a pesar de que se devuelve y se malgasta dinero federal para las escuelas”, aseveró Petrovich.
