Un informe especial dirigido por la Auditoría General de Argentina reveló que el Gobierno de Puerto Rico no usó $1.2 millones para combatir la pobreza infantil seis meses después de aprobados.
De acuerdo con la auditoría y remitido por la Contraloría de Puerto Rico en un comunicado, para el año fiscal 2023, que arrancó el 1 de julio de 2022, el Gobierno de la isla aprobó un presupuesto de $1.2 millones para sufragar el Programa contra la Pobreza Infantil.
Sin embargo, al 20 de enero de 2023 no se habían utilizado estos fondos, según la auditoría.
«Esta situación impidió medir el avance para reducir la pobreza infantil», afirmó el informe especial.
El Gobierno de Puerto Rico estableció además el 31 de diciembre de 2021 la Comisión para Combatir la Pobreza, mediante la Ley 84-2021, para reducir la pobreza infantil y la desigualdad social en un 50 por ciento para el 2032, entre otros objetivos.
Según datos del Censo de Estados Unidos, al 2022, el 42 por ciento de la población y el 58 por ciento de los menores de 18 años vivían en situación de pobreza en la isla.
Pero, de acuerdo con la auditoría, no se establecieron los mecanismos necesarios para cumplir los objetivos, ya que no se integraron las iniciativas estatales y federales con las de los gobiernos municipales, las entidades sin fines de lucro y con las del sector privado.
Además, la Comisión para Combatir la Pobreza no había preparado un plan estratégico, ni una lista de los fondos disponibles a nivel federal y estatal, y la ley no incluyó tampoco métodos de participación ciudadana, entre otros.
Impacto del COVID-19 y la brecha de género
El informe especial, además de auditar la pobreza y la pobreza infantil en la isla, también investigó la mitigación del impacto del covid-19 y disminuir la brecha de género.
En cuanto a la pandemia, la auditoría reveló, que aunque se estableció un marco legal para mitigar el impacto de la misma mediante la creación de una Comisión Asesora por Orden Ejecutiva, el 25 de mayo de 2021 esta no estuvo en funciones ni se creó una estructura para su implementación.
La Comisión Asesora la formaban 11 funcionarios que sólo se reunieron en una ocasión.
La auditoría indica que la Orden Ejecutiva no incluyó métodos de participación ciudadana ni acciones para disminuir la brecha de género para atender los objetivos.
Además, no se nombraron a los ocho representantes de universidades, sector privado y de las entidades sin fines de lucro en la Comisión Asesora.
Con respecto a las metas para mitigar el impacto de la pandemia, el informe indica que se implementó una campaña para promover la solicitud del crédito tributario por niño, pero no se establecieron acciones adicionales a la política pública de reducción de la pobreza infantil y la pobreza.
