Un total de 69 de 82 casos de bomberos que impugnan ascensos irregulares desde el 2021, ante la Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP), permanecen activos y pendientes de resolución, trascendió el martes en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes.
Esto significa que el 84 por ciento de los casos siguen sin resolverse en momentos en que se continúa una investigación cameral para atender estos señalamientos.
La falta de personal incide en la dilación de la resolución de las controversias llevadas a la CASP. Así lo aseguró el presidente de la agencia, Laudelino Mulero, durante la vista.
Mulero informó que el universo de casos activos en la CASP, hasta el 15 de octubre, es de 13,689.
“No tenemos las herramientas económicas para contratar más personal. Sería ideal, pero con lo que tenemos, entiendo que hacemos mucho”, indicó el presidente, al tiempo que destacó que el promedio de resolución de casos es de 1,500 al año.
“Con todas las limitaciones que tenemos, nosotros hemos buscado formas de atender estos casos con la mayor celeridad que se pueda dentro de lo que tenemos, y llevamos haciéndolo, básicamente, utilizando tecnología”, abundó.
El funcionario describió como un logro la disminución en el tiempo de resolución de un caso de cuatro años hace 10 años a 1.59 años al presente. Sin embargo, el presidente de la comisión cameral, Luis Ortiz Lugo, señaló el incumplimiento de la CASP debido a que la ley orgánica de la agencia establece que el tiempo de evaluación no debe exceder seis meses desde que se presenta el caso y 90 días para que el caso sea cerrado.
“Para los efectos de récord, está inoperante la Comisión… Sé que hay casos que, por cosas del mismo caso que llegan, faltan documentos o hay una operación en el tribunal; ese tipo de cosas yo lo puedo entender. Pero estamos hablando aquí que jamás se cumple con lo que dice el estatuto”, manifestó el representante.
A preguntas de los legisladores, Mulero dijo que los casos que llegan a la CASP se atienden por orden de llegada, aunque las controversias relacionadas con medidas disciplinarias se evalúan con prioridad.
Adelantó que el próximo 31 de octubre se celebrará una vista pública en la que comparecerán las partes involucradas en 22 casos de ascenso en Bomberos que están consolidados en el llamado proceso de arbitraje.
Mulero explicó que los casos de arbitraje recogen empleados públicos que negocian convenios colectivos al amparo de la Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público (Ley 45-1998), mientras que los casos de apelación son presentados por parte de trabajadores cubiertos por las disposiciones de la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Ley 8-2017).
El representante Ortiz Lugo afirmó que el cuerpo legislativo está en la disposición de enmendar la ley para evitar que los empleados se encuentren en “un limbo” tras sugerir que la aplicabilidad de la Ley 8 está sujeta a la “conveniencia” de las agencias.
Añadió que el gobernador vetó el Proyecto de la Cámara 2185, que buscaba disponer que el Sistema de Rango del Cuerpo de Bomberos estuviera exento de las disposiciones de la Ley 8 en lo referente a movilidad, reclutamiento, evaluaciones, traslados y ascensos. “Nosotros aquí hicimos nuestra parte… Aquí se hacen las leyes para que su cumplan, y si no se cumplen, es inefectiva, hay que enmendarlas. Esa es nuestra responsabilidad como legisladores”, expresó Ortiz Lugo.
