Legisladores de todos los partidos políticos se comprometieron a atender los reclamos de los alcaldes del sur durante la Comisión Total Especial del Senado de Puerto Rico, celebrada el viernes en el municipio de Peñuelas.
“Queremos soluciones, no queremos explicaciones”, sentenció el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz. “Sabemos que no se puede resolver el 100 por ciento, pero vamos a luchar por conseguirlo”. El legislador destacó que, más allá de líneas partidistas, existe voluntad para actuar ante los problemas que por años han afectado a los municipios del sur.
La senadora del PNP por el distrito de Ponce, Jamie Barlucea, resaltó el “renacer” de Peñuelas bajo su actual administración, pero advirtió que diez de los municipios del distrito figuran entre los 37 más afectados fiscalmente en la isla. Denunció que enfrentan recortes presupuestarios del 50 al 60 por ciento, lo que pone en riesgo servicios esenciales como la recogida de basura.
Bajo ese contexto, criticó la falta de información detallada por parte de algunas agencias durante los trabajos de la Comisión. “Se limitaron a decir que están evaluando proyectos, pero no nos indicaron cuáles son”, expresó. También anunció la radicación de resoluciones para exigir atención urgente a carreteras estatales clave como la PR-10, el acceso a Baramaya y el Desvío Sur de Peñuelas.
El portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández, reiteró su oposición a la eliminación del fondo de equiparación municipal. “Ningún municipio puede operar con un recorte del 50 por ciento”, subrayó. Respaldó además la propuesta del senador José “Josian” Santiago para utilizar el 1 por ciento del presupuesto de las agencias del gobierno central en servicios esenciales administrados por los municipios.
El legislador también denunció irregularidades en la distribución de los fondos de FEMA para reparación de escuelas públicas. “Tengo malas noticias. En el documento que acabo de ver, a muchos de ustedes les han quitado escuelas”, advirtió. Añadió que el Senado tiene la responsabilidad de fiscalizar y exigir respuestas. Finalmente, pidió cancelar el contrato de LUMA Energy.
Por el PIP, el senador Adrián González Costa hizo un llamado a llevar la legislatura a las comunidades más afectadas. “El suroeste fue literalmente el epicentro de los terremotos del 2020”, recordó. Denunció que aún hay comunidades sin agua potable ni servicio eléctrico, y respaldó medidas para restituir el fondo de equiparación y revisar decretos contributivos que afectan los ingresos municipales.
El senador independiente Eliezer Molina se sumó al llamado por un enfoque más estructurado y eficiente. Criticó que, a pesar de millones invertidos, muchas escuelas siguen en condiciones precarias. “Ni agua ni luz tienen todos ustedes… Están haciendo una bomba de tiempo”, expresó. También cuestionó la utilidad de obras como la PR-10 sin una planificación de desarrollo sostenible, y pidió modernizar los códigos de construcción para proteger la vida en zonas vulnerables como Guánica y Ponce.
La Comisión Total concluyó con una clara promesa multipartita: escuchar los reclamos de los alcaldes del sur y tomar acción legislativa concreta para atenderlos.
