La Comisión de Agricultura del Senado celebró este miércoles una vista pública para analizar el proyecto de restauración de la Laguna de Guánica, propuesta que enfrenta un fuerte debate por el posible impacto sobre la Reserva Agrícola del Valle de Lajas y la seguridad alimentaria de Puerto Rico.
La autora de la Resolución del Senado 246, senadora Jamie Barlucea Rodríguez, explicó que el objetivo de la investigación es recopilar estudios y opiniones de todas las partes para evaluar con rigor los posibles efectos del plan de restauración.
En la vista, Protectores de Cuencas (PDC) defendió el proyecto, asegurando que no afectará terrenos agrícolas y que, por el contrario, permitirá la creación de empleos, fomentará el turismo de naturaleza y reactivará un ecosistema con alta biodiversidad. Según expusieron, el diseño contempla fases con un moderno sistema de compuertas para controlar los niveles de agua. El alcalde de Guánica, Ismael Rodríguez Ramos, respaldó la propuesta al destacar su potencial ambiental y socioeconómico.
Sin embargo, las agencias agrícolas mostraron oposición. La directora de la Autoridad de Tierras, Helga I. Méndez Soto, advirtió que el plan provocaría la pérdida de más de 3,700 cuerdas de terrenos cultivables, lo que equivaldría a 1,234 cabezas de ganado y más de 201,600 pacas de heno, con un impacto anual de $3.9 millones. Aseguró además que la alteración del área sería “extremadamente costosa” de revertir si resultara inviable.
El secretario de Agricultura, Josué E. Rivera Castro, coincidió en que la restauración generaría una “considerable controversia” por sus efectos en la producción agrícola y advirtió que los daños económicos podrían superar los $330 millones, cifra que eclipsaría la inversión federal destinada al proyecto.
Expertos académicos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) también alertaron sobre consecuencias ambientales, sociales y de salinización de los suelos, mientras que la AEE y empresas privadas como RiceTec y Bananera Fabre Inc. expresaron su rechazo.
La Comisión continuará evaluando el proyecto para determinar si se justifica su implementación o si, como argumentan las agencias agrícolas, representa un riesgo para el Valle de Lajas y la producción alimentaria de la isla.
