El Senado de Puerto Rico abrió una investigación sobre las condiciones en que se celebran los torneos deportivos dirigidos a niños y jóvenes, con miras a desarrollar legislación que proteja su salud física y emocional, y garantice mayor equidad en el acceso a estas actividades.
La vista pública fue convocada por la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, presidida por el senador Rafael Santos Ortiz, en seguimiento a las resoluciones del Senado 121 y 122. La primera, de la autoría del propio Santos Ortiz, busca fiscalizar el cumplimiento de la Carta de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas. La segunda, impulsada por la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, propone evaluar el Reglamento para la Protección de los Menores en el Deporte.
“Muchos padres se nos han acercado por desigualdades en el deporte… Nuestros niños y jóvenes merecen lo mejor, y todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos a realizar”, expresó Santos Ortiz.
Barlucea Rodríguez destacó que la responsabilidad es compartida entre padres, federaciones y gobierno, y que el objetivo es garantizar un desarrollo deportivo saludable. “Aspiramos a recibir insumo y ver cómo podemos proveer un desarrollo adecuado a todos los menores en el deporte”, dijo.
Durante la vista, la licenciada Marisabel Velázquez García, del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), informó que la agencia solicitó un presupuesto de $79.3 millones para contratar 14 interventores adicionales que fiscalicen los torneos de menores. Indicó, además, que actualmente el DRD no tiene autoridad legal para regular los costos elevados que enfrentan las familias al participar en competencias.
Norbert Irizarry Rivera, de la organización escolar Buzzer Beater, aseguró que la Carta de Derechos ha generado cambios positivos en la planificación de torneos y el número de juegos por semana. No obstante, insistió en la necesidad de formar y licenciar adecuadamente a los entrenadores escolares.
Por su parte, el presidente de la Asociación Puertorriqueña de Fisioterapia, Daniel Rivera Martínez, pidió limitar la participación a un solo deporte por temporada, establecer días y meses de descanso obligatorios, y asegurar la presencia de profesionales de la salud en las competencias. “No podemos permitir que el deporte se convierta en una fuente de lesiones físicas y traumas emocionales”, advirtió.
Rivera Martínez también propuso que el fisioterapeuta licenciado se reconozca como parte del equipo profesional en el ámbito deportivo y que se revise el lenguaje de las leyes para que no excluyan profesiones clave en la salud mental y física.
A su vez, la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario, recomendó estudiar regulaciones de otras jurisdicciones y mantener diálogo con las federaciones deportivas.
El presidente de Save the Children Puerto Rico, Emanuel Ortiz, propuso regular la duración de los torneos, prohibir la venta de taquillas en eventos con menores y limitar las grabaciones de niños por personas no familiares. Además, sugirió enmendar el Reglamento para la Protección de los Menores en el Deporte y la Ley Orgánica del DRD para corregir vacíos estructurales que impiden su funcionamiento efectivo.
Estas medidas responden a denuncias recientes sobre prácticas abusivas, falta de supervisión médica y altos costos en eventos deportivos juveniles. La meta es establecer un marco legal que proteja el bienestar integral de los menores atletas en Puerto Rico.
