Para incentivar la retención y atracción de médicos en Puerto Rico, la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo presidida por la senadora Nitza Moran Trinidad celebró hoy una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 15, de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.
La medida propone enmendar la Ley 60-2019, conocida como el «Código de Incentivos de Puerto Rico», con el fin de fortalecer la retención y atracción de médicos en la isla. Entre sus disposiciones, establece nuevos requisitos para la concesión de incentivos, como la obligación de prestar servicios a pacientes del Plan Vital y realizar consultas o admisiones hospitalarias semanales.
Según Vianca Rivera Román, asesora de Asuntos Legislativos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), esta medida “aborda un problema crítico desde una perspectiva económica y social. La falta de médicos especializados en áreas claves crea un efecto dominó que afecta la calidad de vida de los residentes y la estabilidad del sistema de salud. Además, la retención y atracción de profesionales altamente capacitados son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de cualquier economía moderna”.
“El P. del S. 15 garantizaría un entorno favorable para la práctica médica especializada, ayudaría a la retención de los médicos en la isla, y podría ayudar a la atracción de nuevos talentos, siempre que se determine la existencia de necesidad en la isla de la especialidad médica a incentivar”, agregó Rivera Román.
Entre sus disposiciones, el proyecto establece nuevos criterios para la concesión de incentivos contributivos, incluyendo la obligación de que los médicos cualificados presten servicios a pacientes del Plan Vital y realicen al menos cinco admisiones o consultas presenciales semanales en hospitales. Asimismo, reconoce la importancia de médicos que desempeñan funciones clave en la atención hospitalaria, incluyendo especialistas de sala de emergencia, hospitalistas e intensivistas.
Como parte del esfuerzo por mejorar las condiciones laborales y fiscales para los profesionales de la salud, el proyecto elimina las 180 horas de servicios comunitarios que deben cumplir los médicos. También, amplía el período de exención contributiva a 15 años para los médicos cualificados, con una tasa fija de contribución sobre ingresos del 12 por ciento. Además, se establecen mecanismos para extender estos beneficios a 30 años en casos que redunden en el bienestar del sistema de salud.
“Cualquier médico cualificado que, a través de todo su período de exención, haya cumplido con los requisitos o las condiciones establecidos en el Decreto, y que demuestre al secretario del DDEC que la extensión de su Decreto redundará en los mejores intereses económicos y sociales del pueblo de Puerto Rico, podrá solicitar al Secretario una extensión de su Decreto por 15 años adicionales, para un total de 30 años”, explica el texto de la medida.
Esta iniciativa surge en respuesta a la creciente escasez de profesionales de la salud y busca garantizar el acceso continuo a servicios médicos de calidad para la población.
“Según un estudio conjunto del 2018 de nuestro Colegio y el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, casi la mitad de los municipios de la isla (48%) tenían un problema de escasez de dentistas, de acuerdo con estimados de la Administración de Recursos y Servicios de Salud. Ante un escenario tan complejo para nuestros dentistas, aplaudimos la presentación del Proyecto del Senado 15, porque ataca frontalmente la realidad de falta de competitividad de Puerto Rico para retener o atraer a nuestros dentistas. Mediante la tasa contributiva especial, por un término inicial de 15 años, renovable por un término similar, se alivia la carga contributiva de quienes se acojan al compromiso contractual derivado de dicho decreto”, sentenció la presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, la doctora Ivette Rodríguez Quezada.
De igual forma, añadió que “esto pudiera propiciar que dentistas generalistas y especialistas opten por quedarse en Puerto Rico, atendiendo las necesidades de salud oral de nuestras ciudades y los campos de Puerto Rico, a la vez que se evita que se agrave la escasez de dentistas que nos ha afectado por los pasados años”.
La Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología se mostró a favor de la medida pero exhortaron que se mantenga la elegibilidad del ortopeda como una de las especialidades donde existe escasez de profesionales. Por su parte, el Colegio de Médicos de Puerto Rico, a través de su presidente Carlos Díaz, aseguró que “estos incentivos han cambiado la vida de su beneficiados”.
A su vez, el presidente de Integra Group, Francisco Bonet Rivera, respaldó el proyecto ya que, y lo calificó como una de las soluciones para evitar el éxodo de médicos en Puerto Rico y que serviría como herramienta para lograr la permanencia así como, atraer nuevos profesionales de la medicina a la isla. No obstante, subrayó que existen otras posibles soluciones para mitigar la problemática como brindar aumentos salariales, mejorar la infraestructura y recursos hospitalarios, fortalecer programas de formación y fomentar la telemedicina.
La senadora Moran Trinidiad reconoció que estas propuestas podrían enfrentar obstáculos ante la Junta de Control Fiscal, que anteriormente ha detenido decretos contributivos para la clase médica en la isla.
Del mismo modo, en una ponencia conjunta, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y el Departamento de Hacienda, señalaron que la medida no se podría aprobar sin que antes se haga un informe de análisis de impacto fiscal, presupuestario y económico. El licenciado José Chaves, secretario auxiliar de la Oficina de Asuntos Legales de Hacienda, enfatizó la importancia de que la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) realice este esfuerzo.
“La AAFAF y Hacienda tienen interrogantes fiscales en cuanto al lenguaje del PS 15, en atención al marco jurídico que impera en estos asuntos, pertinente a lo que atañe cualquier incentivo o beneficio económico, pues impactan los recaudos gubernamentales. La AAFAF y Hacienda alientan esfuerzos que conduzcan al objetivo de la permanencia de médicos capacitados. No obstante, nuestro presente ordenamiento jurídico y fiscal no provee para una automática aprobación de medidas legislativas con impacto en el erario sin que sean sometidas a los rigores evaluativos y analíticos que tanto la Ley PROMESA como el PAD y el Plan Fiscal requieren”, sentenció el licenciado Luis Rivera Cruz, director de Asuntos Gubernamentales y asesor ejecutivo senior AAFAF.
Por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández Ortiz expresó preocupación sobre la viabilidad del proyecto bajo la supervisión de la Junta de Control Fiscal. “Los médicos necesitan esto pero no podemos venderle sueños sin poder certificar que la Junta lo vaya a aprobar… Los votos los va a tener en Senado y Cámara de Representantes, al igual que recibirá la firma de la Gobernadora, Jenniffer González. El problema está en que se pueda implementar y pueda tener el aval de la Junta de Control Fiscal”, comentó.
Ante un posible desacuerdo con la Junta, el presidente del Colegio de Médicos sugirió conceder la exención contributiva de forma escalonada, otorgándola por fases de necesidad.
