El Senado de Puerto Rico aprobó una medida que tipifica como asesinato en primer grado el acto violento que cause la muerte de una mujer embarazada y la de su concebido, sin importar la etapa de gestación.
La legislación, conocida como Ley Keishla Madlane, busca honrar la memoria de Keishla Madlane Rodríguez Ortiz, víctima de un crimen de violencia doméstica que conmocionó al país.
El Proyecto del Senado 3, propuesto por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, modifica el Código Penal de Puerto Rico. Establece que, de ocurrir este tipo de crimen, el agresor será imputado de dos delitos de asesinato: uno contra la mujer y otro contra el niño por nacer.
Rivera Schatz aclaró que la medida “está considerando persona al concebido no nacido para propósitos criminales si es asesinada su madre en cualquiera de las etapas de gestación”.
La nueva normativa añade al Código Penal que el nasciturus o niño por nacer es un “miembro de la especie homo sapiens en cualquier etapa de desarrollo” y lo declara persona natural para fines penales. Esto significa que cualquier muerte del concebido, incluso si la madre sobrevive, será considerada asesinato en primer grado. Si ambas muertes son consecuencia de una conducta temeraria, se imputarán cargos de asesinato en segundo grado por cada víctima.
La senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, expresó su apoyo a la medida, afirmando que “es un proyecto loable del presidente del Senado… ese artículo del Código Penal de Puerto Rico bajo asesinato en nada tiene que ver con el articulado de aborto. Tiene que ver que es un agravante, el que no importa en qué etapa de gestación la mujer está embarazada, si ocurre un asesinato será considerado doble asesinato”.
Por su parte, la senadora del Partido Popular Democrático, Ada Álvarez Conde, también respaldó el proyecto. “Yo creo que en la medida en que nosotros también le demos garras a la ley estatal para poder proceder, definitivamente es una buena práctica”, sostuvo.
Las enmiendas excluyen de forma explícita cualquier conducta relacionada con abortos legales o tratamientos médicos autorizados por ley, así como decisiones legales tomadas por la propia mujer embarazada.
