Una legislación que busca proteger a los consumidores que compran vehículos usados fue aprobada este jueves por el Senado de Puerto Rico.
El Proyecto del Senado 694, de la autoría del senador por el Distrito de Arecibo, Héctor González, busca poner fin a la injusta práctica de transferir multas y gravámenes de dueños anteriores a los nuevos propietarios de vehículos.
El proyecto de ley enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para establecer, como un derecho explícito, que ningún conductor o propietario pueda ser penalizado por infracciones o multas de tránsito ocurridas antes de que figurara como titular registral del vehículo.
La legislación también prohíbe la imposición de restricciones, bloqueos o gravámenes por infracciones atribuibles a un dueño anterior.
“Hoy damos un paso afirmativo para asegurar la justicia y la transparencia en el mercado de vehículos usados. Durante años, miles de puertorriqueños de buena fe han tenido que lidiar con la frustración y la carga económica de multas que no les corresponden. Con esta ley, le decimos al sistema que no se puede castigar a una persona por actos de otro”, declaró el senador González tras la aprobación.
La aprobación del P. del S. 694 es una respuesta directa a una problemática cada vez más común en la isla en la que ciudadanos que, meses o incluso años después de adquirir un automóvil usado, descubren que el vehículo está gravado con multas, cargos de AutoExpreso o bloqueos administrativos que datan de la titularidad de un dueño anterior.
Según el senador González, “la imposición automática de sanciones sin verificar quién era el dueño en el momento de la infracción no es solo un descuido, es una falla estructural que atenta contra los principios de razonabilidad y debido proceso. El Estado tiene los sistemas para determinar quién era el titular en un momento dado, y es hora de que los utilice para actuar con diligencia”.
El proyecto de ley pasará ahora a la consideración de la Cámara de Representantes. Si se aprueba, se espera que tenga un impacto significativo en la vida de los puertorriqueños y en la eficiencia de los servicios del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y del Centro de Servicios al Conductor (CESCO).
«Esta no es solo una medida de alivio individual, sino una afirmación de que el Estado debe actuar con justicia y diligencia. Esperamos que la Cámara le dé el mismo apoyo que le dimos hoy y que este proyecto se convierta pronto en ley para el beneficio de todo Puerto Rico», concluyó González.
