Los casos de explotación financiera contra adultos mayores en Puerto Rico se han triplicado entre 2013 y 2024, según datos de la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA).
La información surgió durante una vista pública de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado, que analiza los protocolos de las instituciones financieras para prevenir este tipo de delitos.
La OPPEA reportó que en el año fiscal 2023-2024 recibió 147 querellas de explotación financiera, frente a 46 en 2013-2014. Entre julio de 2024 y abril de 2025, ya se habían registrado 85 querellas.
Además, indicó que las estadísticas reflejan la cantidad de 2,103 querellas que proviene de los hijos como perpetradores en términos de maltrato y delito hacia las personas de edad avanzada. Siendo el renglón de los hijos la mayor cantidad. En otros parientes se muestran 296 querellas y desconocidos 282.
La licenciada Stephanie Rivera, en representación de la OPPEA, indicó que el fraude suele ocurrir cuando un familiar autorizado en la cuenta o un apoderado utiliza el dinero del adulto mayor para beneficio propio. Explicó que la agencia recibe referidos de bancos, cooperativas o aseguradoras, y que los casos se evalúan, se orienta a las víctimas y, cuando es necesario, se colabora con la Policía y Fiscalía para procesar a los responsables.
Por su parte, la presidenta de la Asociación de Bancos, Zoimé Álvarez Rubio, expuso que las instituciones financieras están sujetas a leyes estatales y federales para prevenir la explotación financiera de adultos mayores, como la Ley 121-2019, la Ley 76-2020 y el Reglamento 9368 de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.
Señaló que el personal bancario recibe adiestramientos para detectar posibles casos y que se promueven medidas preventivas como revisar estados de cuenta con frecuencia, crear contraseñas seguras y reportar transacciones sospechosas.
La senadora Wandy Soto Tolentino, autora de la resolución que ordenó la investigación, indicó que se realizarán más vistas públicas sobre el tema. La Comisión también solicitó a la OPPEA un informe con el número de casos esclarecidos y las medidas adoptadas para recuperar fondos sin necesidad de ir a los tribunales.
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