El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, continuará suspendido de empleo luego de que el Tribunal Supremo de Puerto Rico declarara “no ha lugar” el recurso de certiorari presentado por su defensa.
La información fue dada a conocer esta mañana por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), que acusó al funcionario de cuatro cargos criminales por presuntas violaciones de ley cometidas en su campaña de 2020.
“En el recurso se solicitaba que se revocara la decisión del Tribunal Apelativo, que sostuvo la medida cautelar de sana gerencia pública implantada por esa institución, para proteger los intereses del pueblo”, dijo el PFEI mediante comunicado de prensa.
El máximo foro judicial rechazó entrar en los méritos del caso.
“Al Tribunal Supremo no expedir el recurso, se mantiene en vigor y con todo el rigor de la ley, la suspensión del cargo de alcalde, así como cualquier injerencia o toma de decisiones de Irizarry Pabón, sobre programas y recursos municipales”, agregó la agencia.
Irizarry Pabón fue acusado de dos cargos de enriquecimiento injustificado y dos violaciones a la Ley de Etica Gubernamental el 31 de octubre del año pasado. Al día siguiente, el PFEI lo suspendió de empleo y la vicealcaldesa Marlese Sifre Rodríguez se convirtió en alcaldesa interina.
“Nuevamente se valida la autoridad concedida al PFEI por la Ley 2-1998 para suspender de sus funciones a un Ejecutivo Municipal acusado de actos de corrupción”, expresó el PFEI.
Irizarry Pabón está en espera de que el Poder Judicial le asigne un juez o jueza que presida la vista preliminar en su contra, pautada para e 14 y 15 de marzo.
Esto, luego de que el juez Rubén Serrano Santiago se inhibiera de presidir la vista preliminar, como le había solicitado la defensa.
Asimismo, la jueza Lizandra M. Avilés Mendoza, a quien le fue referido el caso, se inhibió porque su esposo, el abogado y exalcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán, es asesor de la alcaldía de Ponce desde septiembre del año pasado.
El nuevo juez o jueza que entre al caso tendrá que resolver la petición de reconsideración de la defensa para trasladar la vista a otro tribunal. El juez Serrano Santiago la declaró no ha lugar en primera instancia, pero no resolvió la reconsideración porque decidió inhibirse.
Los abogados de Irizarry Pabón han dicho que acudirán al Tribunal de Apelaciones si no tienen éxito con la petición de reconsideración.
El PFEI acusó a Irizarry Pabón de dos cargos por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental (usar las facultades de su cargo para recibir un beneficio no permitido por ley) y dos cargos de enriquecimiento injustificado del Código Penal. Este último implica que el funcionario enriqueció su patrimonio o el de un tercero con dinero o bienes, o mediante la cancelación de obligaciones que lo afectaban.
Las fiscales especiales independientes Zulma I. Fúster Troche e Ileana Agudo Calderón representan al PFEI en este caso. Su teoría es que Irizarry Pabón abusó de su poder como alcalde para exigirles a sus subalternos que aportaran dinero para el repago de un préstamo de $50 mil que tomó con el Banco Popular, de los cuales destinó $30 mil a la campaña.
A tales fines, supuestamente, recogió dinero entre los directores de dependencias municipales y empleados de confianza. Según las fiscales, lo hizo bajo amenaza.
