Los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colon y Nelie Lebrón Robles, anunciaron su apoyo al suscribir la medida que busca proteger los derechos fundamentales de las comunidades inmigrantes en Puerto Rico, por petición de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
Las oficinas legislativas del PIP colaboraron en la investigación, redacción y búsqueda de coautores del proyecto de ley propuesto por la ACLU.
“La protección de los derechos humanos de todas las personas independientemente de su estatus migratorio u origen étnico o nacional, debe ser una prioridad de la Asamblea Legislativa, mediante la búsqueda protecciones a los hermanos y hermanas emigrantes que son parte integral de la sociedad puertorriqueña”, expresó Márquez Lebrón
“Este proyecto de ley es una propuesta, para proteger su vida y sus derechos en sus espacios de convivencia, salud, educación, entre otros”, añadió.
La delegación cameral del PIP explicó que el Proyecto de la Cámara 331, crearía la obligación de desarrollar políticas y protocolos que protejan la información privada de las personas y que prevengan intervenciones de emigración en violación a los derechos constitucionales.
“Ante las recientes redadas, donde fueron detenidas personas sin orden judicial incluyendo a algunas con estatus migratorio regularizado, e incluso a una mujer puertorriqueña, nos pareció urgente actuar para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas que viven en nuestro archipiélago, en especial a las que están en situación de vulnerabilidad como la niñez y mujeres sobrevivientes de violencia de género”, señaló Gutiérrez Colon.
“Toda persona debe poder acceder a servicios esenciales como la salud, educación y seguridad sin temor a ser detenida por su color de piel u origen nacional”, sostuvo.
Agregaron que su iniciativa legislativa establece los parámetros legales bajo los que se regirán las interacciones entre las autoridades locales y las federales de emigración para que sea en cumplimiento con el estado de derecho, estatal y federal vigente.
“Las órdenes ejecutivas del presidente Trump cambiaron las prioridades en la ejecución de las leyes de emigración, pero no protecciones constitucionales y a no ser arrestado sin una orden judicial. Nuestras comunidades son más prósperas, saludables y seguras si acceden a servicios esenciales y ejercen sus derechos fundamentales sin miedo”, puntualizó Lebrón Robles.
