La Unión de Trabajadores del Gobierno (UAW) solicitó a la gobernadora que los días de Semana Santa se concedan sin cargo a la licencia de vacaciones, tras la emisión de la Orden Ejecutiva 2026‑14, que dispone que el receso sea descontado del balance acumulado por los empleados públicos.
La organización sindical argumentó que la medida obliga a los trabajadores a utilizar días que, según señalaron, deberían reservar para situaciones personales o para planificar un periodo de descanso real. Para la unión, la determinación no representa un beneficio, sino un costo impuesto al empleado.
Como alternativa mínima, la UAW pidió que acogerse al receso sea estrictamente voluntario y que se garantice la opción de continuar trabajando a quienes no deseen o no puedan utilizar su licencia. También solicitaron que las agencias y la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH) establezcan directrices claras para evitar que los empleados enfrenten descuentos salariales.
La representante internacional de la UAW, Desiree López Ramírez, señaló que la acumulación de vacaciones se redujo significativamente tras la aprobación de la Ley 26‑2017, lo que limita la disponibilidad de días para los trabajadores. Según la unión, un empleado que haya trabajado de enero a marzo solo habría acumulado 3.75 días, insuficientes para cubrir los cuatro días del receso decretado.
Otro representante internacional, Wilkin López Del Valle, advirtió que la medida afecta a empleados que ya tenían planificado el uso de su licencia o que no cuentan con días suficientes, exponiéndolos a quedar con balances negativos o a enfrentar descuentos de sueldo.
La UAW también planteó que cargar automáticamente los recesos administrativos a la licencia de vacaciones limita el derecho del trabajador a decidir cuándo utilizar ese tiempo, al convertirlo en un mecanismo para cubrir cierres decretados por el Gobierno.
El sindicato espera que las directrices que emita OATRH atiendan sus reclamos y modifiquen lo que consideran una determinación que impacta la estabilidad económica y la planificación familiar de miles de empleados públicos.
