Al cumplirse un año de que los habitantes de Adjuntas tengan que trasladarse al poblado Castañer o a la ciudad de Ponce para recibir los servicios del Departamento de la Familia, el alcalde José Hiram Soto Rivera urgió a la agencia a reabrir la oficina local.
“Somos el único municipio que no cuenta con una oficina local para que les den los servicios a nuestros ciudadanos”, resaltó el ejecutivo municipal en entrevista con La Perla del Sur.
Soto Rivera explicó que el edificio donde ubicaba la oficina de Familia, el cual le pertenece a la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), resultó con daños por causa de los terremotos.
Para canalizar los trabajos de restauración del edificio, la agencia tuvo que desalojar el local en verano del año pasado.
El alcalde adjunteño dijo que, para evitar el cierre de la dependencia, le ofreció dos soluciones al departamento.
Como medida provisional, puso a su disposición tres salones de la Escuela Washington Irving. Ubicarlos allí, señaló, permitiría arreglar un edificio dentro de ese mismo plantel, para que Familia se ubicara de forma permanente, mediante un acuerdo que incluía el pago de renta al ayuntamiento.
Soto Rivera indicó que las partes firmaron un acuerdo a tales fines. Familia, empero, determinó dividir los servicios que prestaba en Adjuntas entre las oficinas de Castañer -ubicado entre Adjuntas y Lares- y Ponce.
“Me hacen hacer unas mejoras al edificio. Tenemos los correos electrónicos, las solicitudes, el croquis tal como lo pidieron, y nosotros hicimos las divisiones tal como las solicitaron. Y al final del camino no se mudaron”, señaló.
Esta determinación, opinó, ha afectado a las personas adultas mayores de su municipio.
“La gran mayoría va para Castañer. El detalle es que la mayoría de la gente es envejeciente, no tiene recursos económicos”, observó.
“La mayoría de las personas mayores no cuentan con un vehículo. Hemos visto casos de que le pagan a una persona para que los lleve a la oficina y, si les falta un documento, tienen que virar y volver a pagarle a esa persona. Yo le llamo a esto un abuso institucional por parte del Departamento de la Familia hacia los recipientes de los distintos programas que residen en Adjuntas”, afirmó.
Soto Rivera dijo que la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez Troche, visitó el pueblo en abril pasado y autorizó a los empleados a establecerse en la escuela.
“Le enseñé las facilidades y ella dio instrucciones a sus ayudantes de que trabajaran todo para que se mudaran en mayo. Al día de hoy, todavía no se han mudado”, apuntó.
El alcalde agregó que, mientras tanto, ni la AEP ha rehabilitado el antiguo edificio de Familia ni esta agencia ha buscado un local privado en Adjuntas para retomar sus servicios allí.
