Diversas organizaciones ambientales reclamaron este martes la derogación de la Ley 171-2018, conocida como la “sombrilla” del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), al responsabilizarla por el debilitamiento institucional de la agencia y la desprotección de los ecosistemas en Puerto Rico.
El Colectivo Una Sola Lucha denunció que la fusión de la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales bajo el DRNA ha provocado sobrecarga administrativa, pérdida de autonomía técnica y una crisis que amenaza la conservación ambiental.
“Esta medida, contrario a las expectativas, no ha logrado eficiencia ni mejoría en la gestión ambiental. Por el contrario, ha evidenciado un debilitamiento institucional, pérdida de enfoque ecológico y una crisis ambiental que amenaza seriamente las áreas naturales del país”, expresó Hernaliz Vázquez.
Entre los problemas señalados están la lentitud en trámites, falta de personal especializado, aprobación de proyectos sin evaluaciones ambientales rigurosas y reducción en la fiscalización de delitos ecológicos. “La absorción de otras agencias generó una sobrecarga de responsabilidades que desvió la misión original del DRNA”, agregó Juan Camacho, portavoz de los grupos.
Graciela Martínez, de la organización Vínculo Animal, advirtió que la consolidación afecta la protección de especies vulnerables como manatíes y coquíes, y complica el manejo de especies invasoras. “En la situación actual con la proliferación de culebras no nativas, el DRNA no cuenta con recursos ni personal especializado, dificultando el control de estas especies que amenazan la biodiversidad nativa”, sostuvo.
Las organizaciones también denunciaron que la estructura abrió la puerta a traspasos de parques nacionales, como Isla de Cabra y la playa de Cerro Gordo, lo que podría restringir acceso ciudadano y encarecer tarifas. Mencionaron además el caso del Parque de las Cavernas del Río Camuy, ante intentos de transferir su titularidad al municipio con fines de privatización.
El Colectivo —integrado por más de diez entidades ambientales y comunitarias— alertó que la falta de examinadores ambientales en el DRNA ha paralizado casos graves. Como ejemplo citaron la comunidad Ranchos Guayama en Salinas, donde alegan que daños ambientales han quedado impunes por más de tres años.
“El estancamiento en procesos de fiscalización y la externalización de funciones que antes realizaba el propio departamento han debilitado la capacidad del Estado para proteger el ambiente. Los reclamos son cada vez más contundentes: derogar la Ley 171-2018 y desmantelar la sombrilla del DRNA”, concluyó Víctor Alvarado Guzmán, secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño.
