Si bien el proceso judicial de quiebra está pronto a completarse, la Junta de Control Fiscal (JCF) no se irá voluntariamente como menos en los próximos 6 años o hasta el 2030, proyecta un análisis que publicó la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público.
El informe revisó los requisitos estatutarios para la salida de la JCF, el estatus del proceso de quiebra, las expresiones del gobierno y la junta sobre este particular.
“Nuestra conclusión es que si bien el proceso judicial de quiebra está pronto a completarse, la junta no se irá voluntariamente como menos en los próximos 6 años o hasta el 2030, pero podría demorar todavía más”, explicó Eva Prados Rodríguez, directora ejecutiva de la comisión.
Prados detalló que la discusión sobre la salida de la JCF cada vez cobra mayor importancia en la medida en que el proceso de reestructuración de las deudas del gobierno de Puerto Rico llega a su fin, pero que la disputa en torno a las interpretaciones sobre cuándo el gobierno cumplió con los requisitos de PROMESA para la salida de la junta, apenas comienzan.
“La comisión también analizó si una vez la junta cese sus operaciones, podría ser reactivada. Por lo general, en las jurisdicciones donde se han aprobado estas juntas, una vez certifican que los gobiernos locales cumplieron con los requisitos, estas no se disuelven completamente sino que permanecen en calidad de supervisión. Revisamos varias leyes habilitadoras de juntas fiscales de otras jurisdicciones en Estados Unidos”, añadió.
Por otro lado, José Rivera Santana, planificador y portavoz de la Comisión Ciudadana, señaló que es importante recordar que aún con la salida de la junta, sus políticas y propuestas se quedan.
“Aunque la junta cese sus funciones, para el nuevo pago a la deuda, los planes de ajuste confirmados por el Tribunal Federal, crean un nuevo marco jurídico e institucional que limita los fondos disponibles para los servicios esenciales que necesita el país e implica el encarecimiento del costo de vida con la continuación del IVU, aumentos a la luz y peajes por décadas”, precisó.
La Comisión Ciudadana insistió que sin un plan de desarrollo económico que genere ingresos sostenibles para el gobierno a largo plazo, la lucha contra las medidas de austeridad para el pago de la deuda pública continuarán aún sin la junta, y le tocará al país prepararse para esa etapa también.
“A pesar de esto, la extensión del régimen de la junta es detrimental para la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico y para el futuro político de todo el país. La exigencia debe ser clara, la junta debe retirarse cuanto antes por el costo económico y político que ella representa”, concluyó.
El informe está disponible en https://www.comisionauditoriapr.org/post/cuándo-se-va-la-junta.
