El Senado evalúa el Proyecto del Senado 81, una medida que propone enmiendas a la Ley 161-2009 para agilizar el sistema de permisos en Puerto Rico.
Durante una vista pública celebrada por la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, presidida por el senador Héctor González López, surgieron posiciones a favor, objeciones y recomendaciones sobre la medida.
El proyecto establece que si una agencia no emite comentarios dentro del plazo correspondiente, se entenderá que no tiene objeciones al proyecto propuesto. Además, las recomendaciones que sí se presenten no serán vinculantes, y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) tomará la decisión final basada en el expediente administrativo completo.
También se refuerza el rol asesor del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y se dispone que tanto la OGPe como el DRNA deberán adoptar los reglamentos necesarios en un plazo de 180 días.
El secretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, expresó su apoyo al proyecto y explicó que las enmiendas permitirán a la agencia cumplir su función de manera más ágil y eficiente. Indicó que “estas reformas al sistema de permisos no son simplemente cambios administrativos; representan una transformación real en la vida de los puertorriqueños que buscan construir su hogar, expandir su negocio o crear nuevas oportunidades de empleo”.
Añadió que al agilizar los procesos “eliminamos barreras concretas que por décadas han frustrado las aspiraciones y sueños de miles de familias y empresarios puertorriqueños”.
No obstante, recomendó permitir una extensión de 30 días adicionales para agencias o municipios que soliciten más tiempo para emitir recomendaciones, advirtiendo que aprobar proyectos sin comentarios técnicos podría acarrear “resultados crasos”.
Jorge Guerrero, en representación de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, también respaldó la medida. Señaló que “tener diversos organismos que emiten o deniegan permisos resulta en un proceso fragmentado que no abona a la eficiencia y la centralización de un sistema de permisos con enormes retos”. Reafirmó que el DRNA no emite permisos, sino que asesora a la OGPe en la fiscalización de la política pública.
El DRNA, representado por la licenciada Brendaliz González Méndez, avaló el proyecto al considerar que facilitaría la centralización de permisos. Expresó que “el DRNA recomienda favorablemente la aprobación de esta pieza legislativa, la cual viabilizaría la centralización de los permisos en la OGPe”. También informó que “ya el secretario Waldemar Quiles delegó la encomienda de comenzar a evaluar la reglamentación”.
La Oficina Estatal de Conservación Histórica (OECH), aunque no compareció a la vista, envió un memorial en el que expresó apoyo a la medida, siempre que se cumplan las leyes ambientales y federales. El documento cita que “la OECH no tiene objeción a las enmiendas propuestas. Sin embargo, recomendamos que durante el proceso de conceder permisos bajo el amparo de la Ley 161-2009, se les aperciba a los solicitantes de asegurarse también cumplir con las leyes ambientales federales aplicables. Esto para no poner en riesgo la otorgación de fondos o licencias federales requeridas para desarrollar los proyectos concernidos”.
En contraste, la arquitecta Alexandra Betancourt Pagán, del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, se opuso al proyecto. Sostuvo que debilita el mandato constitucional del DRNA como custodio de los recursos naturales. Propuso revisar el funcionamiento interno del DRNA para identificar formas de agilizar procesos sin comprometer su función fiscalizadora. Recalcó que una fiscalización efectiva debe “facilitar la participación técnica de las agencias mediante comentarios, antes de prescindir de ellos para otorgar permisos”.
El ingeniero Manuel Bermúdez Pagán, del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, no asumió una postura oficial, pero ofreció recomendaciones. Sugirió eliminar la extensión de 15 días para someter comentarios y establecer un término específico para que la OGPe emita sus determinaciones.
Durante la vista, los senadores Ángel Toledo y Eliezer Molina expresaron inquietudes sobre la disponibilidad de personal en la OGPe para manejar los cambios propuestos. Almodóvar respondió que la agencia cuenta con la capacidad necesaria.
El proyecto continúa en evaluación mientras se analizan los memoriales sometidos y se valoran los ajustes sugeridos. El reto legislativo será lograr un balance entre la agilidad en la otorgación de permisos y la protección efectiva del ambiente y los recursos naturales.
