El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, dijo este miércoles, que la Comisión de lo Jurídico no debe tener prisa en completar un informe sobre el Proyecto del Senado 63, que busca enmendar la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, Ley Núm. 141 de 2019.
“Prisa no tenemos. Nos han puesto a nosotros prisa, nos han puesto etiquetas sin que sencillamente nosotros digamos que lo vamos a aprobar hoy, que lo vamos a aprobar mañana, que lo vamos a aprobar el próximo semestre”, señaló Méndez.
El líder cameral se expresó durante su participación en la vista pública que convocó la Comisión de lo Jurídico a la que se refirió la medida el pasado viernes para su evaluación, luego de haber sido aprobada sin vistas públicas en el Senado.
“El compañero [el representante José “Che” Pérez Cordero, presidente de la Comisión de lo Jurídico] sabe muy bien que no tiene la presión de que tiene que hacer un informe hoy o de que tiene que hacer un informe mañana. Se hará, cuando esté listo y cuando se discuta con los miembros de la Comisión si sí o si no”, dijo Méndez.
Días antes, se había representado que habría vistas públicas de este proyecto de ley serían en enero, y no en la presente sesión legislativa.
La vista pública de este miércoles fue convocada el pasado viernes, 7 de noviembre. A las 5:25 p.m., el Centro de Periodismo Investigativo recibió la citación para comparecer y exponer su posición sobre el PS 63, con apenas un día laborable para la preparación del memorial explicativo. Esa tarde también se citó al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
El lunes, luego de una visita de las organizaciones opuestas al PS 63 a la Comisión de lo Jurídico para reclamar participación en el proceso, se citó a otras cinco organizaciones: la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), Firmes Unidos y Resilientes con la Abogacía (FURIA), el Overseas Press Club, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, y la Sección de Derecho Ambiental de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico.
Las organizaciones participaron de un panel que se extendió durante toda la mañana y parte de la tarde, y expresaron un rechazo unánime a la medida.
“El PS 63 es un proyecto malo porque duplica los términos que tiene el Gobierno para contestar las solicitudes de información; obliga a notificar de toda petición a los jefes de agencia cuyos correos electrónicos no se conocen; facilita la clasificación de información confidencial sin debido proceso; elimina la posibilidad de solicitar información en formatos de datos abiertos; y elimina protecciones sobre la identidad de quien solicita”, reiteró Carla Minet, directora ejecutiva del CPI.
Minet llamó la atención sobre organizaciones que estaban ausentes en la discusión porque no se les dio espacio en la vista pública: Sembrando Sentido, el Observatorio de Equidad de Género, Kilómetro Cero, la Federación de Pescadores de Puerto Rico, el Resiliency Law Center, Vínculo Animal PR, el Proyecto de Acceso a la Información Pública y la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.
Wilma Maldonado Arrigoitía, quien depuso como presidenta del Overseas Press Club, subrayó en su turno que el PS 63 no fue solicitado por ningún periodista, organización comunitaria ni ciudadana, y que, por el contrario, “lo que logra es entorpecer el trabajo periodístico, obstaculizar la participación ciudadana y debilitar la fiscalización del Gobierno”.
“El Proyecto del Senado 63 no soluciona ningún problema real”, estableció Maldonado Arrigoitía.
Durante sus preguntas a la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), el representante Pérez preguntó con qué frecuencia los jueces acogen que se acorten los términos que tienen las agencias para entregar información bajo la Ley 141.
La funcionaria Giselle Rosa González, Directora de la Oficina de Legislación y Reglamentos de la OAT, indicó que no tenía los datos, pero que los podría conseguir. Pérez les dio cinco días para entregar a la Comisión esa información.
Durante sus preguntas a la Oficina del Inspector General (OIG), Pérez preguntó a los funcionarios que comparecieron con cuánta frecuencia incumplen las agencias y cuántas solicitudes de información le han hecho a la agencia. Pero las agencias respondieron que no tienen esos datos.
Por su parte, Nydia Bauzá, presidenta de la Asppro, cuestionó por qué los legisladores que promueven esta medida procuran intencionalmente dificultar la transparencia y el derecho a la información, aunque a nivel mundial esto se entiende como mecanismo para ocultar la corrupción gubernamental.
“Cuando se retrasa el acceso a la información, el país pierde la posibilidad de evaluar a tiempo la gestión pública. Además, dilatar la entrega de información puede llevar a pensar que la intención es que se pierda interés y que el tema muera, lo que es otra manera de obstruir el trabajo periodístico”, dijo.
La líder comunitaria loiceña Modesta Irizarry dedicó su turno a la defensa de las comunidades de Puerto Rico y resaltó lo oneroso que es para muchos ciudadanos reclamar su derecho de acceso a la información que necesitan.
“Es bochornoso, me da mucha indignación y coraje, la falta de respeto a nuestras comunidades cada vez que tratamos de pedir una información. Es como si se creyeran que son dueños y señores de lo que es público”, indicó.
“Este proyecto, las enmiendas que se han presentado, afectan a nuestras comunidades, porque en este país donde hay problemas de luz, hay problemas de agua, hay problemas de señal de internet, hay un problema serio de transportación”, añadió Irizarry.
En la tarde, depusieron la Oficina del Inspector General, que desde el 2022 apenas ha recibido y tramitado menos de 10 solicitudes de información, según datos de sus propios informes estadísticos. Y las otras dos entidades de gobierno citadas: el Departamento de Justicia, que sólo ha recibido 17 solicitudes en lo que va de este año 2025, y la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), que recibió 14 solicitudes en todo el 2024, casi una por mes.
La directora ejecutiva del CPI llamó la atención sobre que fueran estas entidades las que depusieran, pues su limitada experiencia atendiendo peticiones de información no sustenta la exposición de motivos del PS 63 que establece que ha habido “peticiones de información que solicitan ‘documentos inexistentes’, o ‘información que se encuentra en distintos expedientes u oficinas’ y que esto ha desembocado en que las agencias divulguen la información ‘de manera resumida o en un formato específico’, lo cual presuntamente ‘atenta contra de integridad de la información, lo que, a su vez, le resta confiabilidad’”.
“Cuando escuchamos el estribillo de los ‘recursos limitados’, y a la vez sabemos que se contratan compañías de informática y tecnología por $778 millones en fondos públicos, hay que pensar que algo está mal en esa copla”, resaltó.
