El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, radicó ayer un recurso de interdicto preliminar para dejar sin efecto la nulidad de la Ley 41-2022 (Reforma Laboral), mientras se dilucida la apelación de la decisión de la jueza Laura Taylor Swain en el Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal en Boston.
El recurso se presentó en el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en San Juan.
“Como prometimos la semana pasada, la Cámara continúa firme en su estrategia de combatir esta decisión en tres frentes: el legislativo, con la radicación del PC-1651; el congresional, con las enmiendas a la Sección 204(a) de la Ley Promesa; y el judicial, primero con la apelación en Boston y ahora con este interdicto preliminar”, indicó hoy Hernández Montañez en declaraciones escritas.
El interdicto preliminar presentado por la Cámara señala que la declaración de nulidad de la Ley 41-2022 puso a miles de trabajadores privados en una situación de extrema vulnerabilidad ante el anuncio realizado por las organizaciones que agrupan a patronos privados, quienes notificaron que se encuentran evaluando las alternativas legales disponibles para reclamar la devolución del dinero pagado “en exceso”, al revertir las protecciones concedidas por ese estatuto.
El recurso reclama, además, que la jueza Swain deje sin efecto la nulidad de la Ley 41-2022, mientras el tribunal en Boston examina la apelación y emite su dictamen.
Igualmente, expone que resultaría sorpresivo e iría contra los propios actos de los demandantes cualquier oposición a esta solicitud basado en la estrategia de litigación utilizada, la cual permitió que la ley entrara en vigor, se actualizara la reglamentación interna aplicable a los patronos privados y se restituyeran protecciones para la clase trabajadora.
“Este recurso pretende evitar un daño irreparable a los trabajadores privados, litigios innecesarios y acciones civiles para el recobro por los derechos revocados, ante la existencia de los argumentos legales requeridos para prevalecer en sus méritos durante la etapa apelativa y la posibilidad real de que la clase trabajadora experimente un daño extremo al ejecutar una sentencia que no es final y firme”, planteó Hernández Montañez.
