Los representantes Jesús Manuel Ortiz, José Rivera Madera, Ramón Luis Cruz Burgos y Sol Higgins anunciaron el martes, la presentación de una querella en la Oficina de Ética Gubernamental contra el gobernador Pedro Pierluisi, por supuestamente violar el artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
“Los hechos discutidos en la presente Querella configuran una violación de parte de Pedro Pierluisi Urrutia, de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental. Con toda probabilidad, el mensaje publicado, conllevó una preparación, producción y utilización de diversos funcionarios de la Oficina de Comunicaciones de La Fortaleza, así como de recursos externos que pueden ser agencias de publicidad. Todo ello representativo de utilización de recursos y fondos públicos ilegítimamente”, sentenció Jesús Manuel Ortiz en declaraciones escritas.
“En protección del interés público, la Oficina de Ética Gubernamental debe de inmediato iniciar la investigación correspondiente y procesar a los funcionarios implicados en la producción, difusión y distribución del mensaje de corte político en lo que constituye un uso indebido de fondos públicos y por ende una clara violación de ley”, añadió.
Los señalamientos de los legisladores se refieren a la difusión con fondos y recursos públicos de un mensaje del Gobernador con evidente contenido político.
Ortiz González explicó que el pasado miércoles, 8 de febrero de 2023, a las 5:00 de la tarde, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, emitió un mensaje al país, el cual denominó “Puerto Rico, Presente y Futuro”. Según describió, este mensaje fue emitido desde las páginas de redes sociales oficiales de La Fortaleza.
“Dichas cuentas de redes sociales son manejadas por funcionarios públicos, por lo que no hay duda de que, siendo activos del gobierno de Puerto Rico, son bienes o propiedades públicas. Además de su publicación por las redes sociales, el mensaje fue enviado a miles de servidores públicos, a través de sus cuentas de correo electrónico oficiales”, abundó el legislador.
“Lo que resultó novel, fue la denuncia pública en el envío del mensaje del Querellado a través de correos electrónicos oficiales de empleados públicos de las diferentes agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado. Esto incluyó a todos los empleados que representan a los diferentes partidos políticos en la Comisión Estatal de Elecciones. Este acto sin precedentes lacera la imagen del gobierno, toda vez que se utilizan propiedad y fondos públicos para divulgar un mensaje para ensalzar la imagen del Gobernador, mediante el autobombo, sin contenido público alguno”, lee parte de la querella.
