Los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) propusieron hoy la creación de una nueva corporación pública que se encargue de la generación, transmisión y distribución de energía renovable en el país, partiendo del entendido de que el acceso a este recurso es un derecho humano y la privatización lo ha coartado.
La senadora María de Lourdes Santiago Negrón y el representante Denis Márquez Lebrón manifestaron que el estado de emergencia energética que experimenta Puerto Rico se debe al fracaso de la operación privada de LUMA Energy y Genera PR, por lo que urge regresar al modelo público.
“Puerto Rico debe reiniciar el camino para movernos a un proyecto genuinamente colectivo que nos permita rescatar la producción energética como un servicio público, con una transición adecuada a la producción de energía renovable, bajo la conciencia clara de que el acceso a la energía es un derecho humano”, lee la exposición de motivos de la Resolución Concurrente del Senado 61, presentada por Santiago Negrón.
“Ningún otro derecho es ejecutable en el contexto contemporáneo si no se hace vigente el derecho de acceso a la energía. No se puede hablar de educación, de salud, de democracia ni de desarrollo económico sin que el pueblo tenga injerencia y control sobre su sistema energético”, agrega la pieza legislativa.
El punto de partida sería reconocer el acceso a la energía como un derecho humano, un servicio esencial y pieza fundamental para el desarrollo económico de Puerto Rico.
La RS 61 ordena la configuración de un Comité Especial para la Recuperación del Sistema Energético del Pueblo de Puerto Rico, que tendrá la encomienda de diseñar el proyecto de transición energética, tomando en cuenta las consecuencias de rescindir los contratos de LUMA y Genera, y el efecto que ello tendría en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Los legisladores propusieron que el comité esté compuesto por tres docentes del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico; dos personas que hubieren ostentado el cargo de “representante del interés público” ante la Junta de Gobierno de la AEE; una persona con grado de maestría o doctorado en Administración Pública; una persona con grado de maestría o doctorado en Economía y capacitada en la metodología de análisis de costo-beneficio social; una persona licenciada en Derecho con experiencia en procedimientos de quiebra y conocimiento del funcionamiento de la AEE; una persona con vínculos a alguna organización comunitaria dedicada a la promoción e implementación de fuentes de energía renovable; y una persona con experiencia laboral en la operación del sistema energético de Puerto Rico.
La resolución establece, además, que el comité deberá rendir un informe a las secretarías del Senado y la Cámara en un periodo de 180 días a partir de la designación total de sus integrantes.
Entretanto, la transición energética que se le requiere configurar debería poder concretarse en un año.
Por favor digan ¿Como? pues en la actualidad los activos de la Autoridad Energia Eléctrica están en manos de los BONISTAS según la última desición del Tribunal de EU.