El calvario que atraviesan miles de viajeros en aeropuertos de los Estados Unidos y Puerto Rico alcanzará este miércoles un punto crítico, al cumplirse 40 días de la congelación de pagos al personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) y volver a alejarse la posibilidad de un acuerdo legislativo para terminar el cierre parcial del gobierno federal.
El escenario se complica ante la proximidad del receso de dos semanas que el Congreso de los Estados Unidos inicia este viernes y el incremento en vuelos que se espera por las vacaciones de Semana Santa y Pascua.
Solución en el limbo
El más reciente fracaso en las negociaciones se produjo ayer, cuando los demócratas del Senado rechazaron una propuesta republicana, respaldada por el presidente Trump, que pretendía financiar gran parte de la operación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la TSA, mientras reservaba fondos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sobre la propuesta, el líder de la minoría, Chuck Schumer, fue tajante: “los demócratas no cederán a sus demandas”, entre las que figuran la prohibición del uso de mascarillas por parte de agentes federales y la exigencia de órdenes judiciales para ingresar a domicilios privados.
“Tenemos que controlar al ICE y detener la violencia”, afirmó Schumer a periodistas tras una reunión de caucus.
Advertencia sindical
Ante esto, Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (AFGE), lanzó una advertencia directa a los congresistas.
“Ni se les ocurra irse a casa mientras decenas de miles de familias se quedan sin sueldo. No se suban a un avión revisado gratuitamente por un agente de la TSA y pretendan que están trabajando en ello mientras cenan con sus familias”, declaró a medios como The Hill.
¿Ayuda o distracción?
Para mitigar las largas filas causadas por las ausencias del personal de la TSA en aeropuertos, la administración Trump ordenó este lunes el despliegue de agentes del ICE. No obstante, Kelley comparó la medida con “darle una cucharada de jarabe para la tos a alguien con neumonía”, argumentando que su movilización y gasto no resuelve el problema de fondo: el impago de los salarios a los oficiales de seguridad.
Por su parte, la senadora Patty Murray, vicepresidenta del Comité de Asignaciones, señaló que las negociaciones se han vuelto “irrazonables” debido a las nuevas demandas del presidente en redes sociales, lo que aleja la posibilidad de una solución inmediata antes de que comiencen las vacaciones legislativas.
Específicamente, aludió a la exigencia de Trump para que el Senado apruebe la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses o SAVE Act, antes de que él acepte un acuerdo de financiación para la Seguridad Nacional.
La propuesta legislativa persigue exigir una prueba documental de ciudadanía, como un pasaporte o acta de nacimiento, para que una persona pueda registrarse y votar en elecciones.
Las repercusiones
A medida que el cierre parcial del gobierno federal entra en su sexta semana, la tensión aumenta, ya que se prevé que los oficiales pierdan su tercer cheque de pago este viernes, 27 de marzo, lo que podría disparar el ausentismo y tener repercusiones directas en las operaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.
En Puerto Rico, se estima que el ausentismo ha alcanzado el 25 por ciento de la plantilla de TSA, una cifra similar a la del aeropuerto JFK en Nueva York. A nivel nacional, la tasa de oficiales que no se presentan a trabajar es cinco veces mayor de lo normal.
