Diversos sectores presentaron este lunes una alternativa al modelo energético actual, proponiendo la creación de una Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reformada, pública y democrática, como respuesta al alza en la tarifa de luz y al fracaso que, según denuncian, ha tenido la privatización del sistema eléctrico.
El planteamiento lo respaldan organizaciones ambientales, sindicales, religiosas, sociales y comerciales que proponen terminar los contratos con compañías privadas como LUMA Energy, Genera PR, New Fortress y AES, y regresar a un modelo público.
“La propuesta de una AEE reformada responde al fracaso rotundo del modelo privatizador implementado a través de contratos con empresas como LUMA Energy, Genera PR, New Fortress y AES”, afirmó Hernaliz Vázquez, directora del Sierra Club.
Añadió que esos contratos, avalados por la Junta de Control Fiscal, prometieron tarifas más bajas y eficiencia, pero hoy “el costo por kilovatio-hora continúa en aumento, alcanzando los 26 centavos, muy por encima de los 20 centavos prometidos”.
Vázquez explicó que el contrato de New Fortress cuesta unos $250 millones anuales solo por la entrega de gas, mientras que Genera PR recibió un pago único de $110 millones y controla ciertos muelles en San Juan. En cuanto a AES Puerto Rico, indicó que la empresa recibió un “rescate económico” de $7,500 millones por 25 años, lo que le permite mantener operando su planta de carbón.
Por su parte, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, denunció que LUMA Energy recibe sobre $140 millones anuales por cargos de servicios, y tiene un presupuesto de hasta $250 millones más que la antigua AEE. “Este contrato ha sido objeto de fuertes críticas por su ineficiencia, apagones frecuentes y falta de conocimiento técnico, en comparación con el peritaje de los empleados movilizados de la antigua AEE”, sostuvo.
La propuesta presentada incluye el retorno de empleados desplazados, la reforma de la Junta de Gobierno de la AEE, la transformación del Negociado de Energía en un ente fiscalizador independiente y la creación de mecanismos de participación ciudadana.
Según Maritza Maymí, portavoz del grupo, un estudio del economista José Alameda revela que, entre 2023 y 2037, la operación pública hubiese costado $1,900 millones, mientras que con LUMA los costos proyectados son de $2,692 millones. “Eso representa un sobrecosto de $792 millones que se traducirá en más aumentos en la tarifa”, advirtió.
El llamado de estos sectores es a la gobernadora Jenniffer González para iniciar un proceso de diálogo que permita reformar el sistema sin los costos que han traído los contratos privatizadores. “Le vendieron al país un sueño que se convirtió en pesadilla. Con la Autoridad pagábamos menos y teníamos más”, expresó uno de los portavoces.
Las organizaciones proponentes incluyen al Sierra Club, UTIER, Toabajeños en Pro Defensa del Ambiente, Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, Amnistía Internacional, Urbe Apie, Colegio de Abogados y Abogadas, Comité Diálogo Ambiental, Secretaría Ambiental del PIP, ProSol, Democracia Socialista, Sembrando Sentido y El Otro PR, entre otros.
Desde ahora les digo; no cuenten con la Gorda para nada…