El nuevo estudio científico que vincula a 449 depósitos de cenizas en los Estados Unidos con igual número de comunidades atacadas por una alta incidencia de cáncer no tomó por sorpresa al doctor Gerson Giménez Castañón.
Como explicó a La Perla del Sur, su rol como médico internista asignado al hospital regional de Guayama le ha dado suficientes pistas como para haber adoptado la misma conclusión, hace más de 20 años.
Es en ese municipio donde opera la empresa AES, una carbonera que a partir del año 2004 comenzó a acumular en su solar industrial del barrio Jobos hasta medio millón de toneladas de cenizas, a la intemperie.
“Según datos confirmados por el Registro de Cáncer de Puerto Rico, entre el 1990 y el año 2000, la incidencia de cáncer en Guayama era de 103 casos nuevos por año. Sin embargo, desde el 2010 hasta el 2014, eso aumentó a 169.3 casos nuevos, un dato cuantitativo sumamente importante que evidencia un aumento de más de 60 por ciento”, planteó el galeno.
“Otro dato relevante es que, cuando yo era parte del comité ejecutivo del Hospital Menonita de Guayama, todos los meses recibíamos reportes de Patología y notábamos, contrario a otras instituciones, que allí los tejidos positivos a cáncer sobrepasaban por mucho el promedio de dos a cinco por ciento de los casos”.
Según describió, en ese hospital la cifra se duplicaba.
“Muchas veces, de nueve a diez meses del año, llegamos a tener hasta nueve por ciento de casos confirmados con células cancerosas, contrario al resto de la isla. Y eso no es ‘normal’”, continuó.
“Así que no cabe duda de que, por lo menos, hay una relación o una sospecha de relación de exposición a esta ceniza de carbón y la alta incidencia de cáncer en nuestra región, sobre todo, en el área de Puente de Jobos y Santa Ana”, agregó.
Con él coincidió Alberto Colón del Valle, precisamente, residente de la comunidad Santa Ana y, trágicamente, víctima de la continua incidencia de diagnósticos de cáncer en la zona.
Como confirmó a este medio, hace solo semanas perdió a su esposa y compañera de toda la vida, Margarita Pérez, a consecuencia de un súbito tumor canceroso.
“Esa es la gran tristeza”, reaccionó. “Durante años hemos luchado y tratado que esto no le suceda a nadie más en Guayama y, pues, como se dice, ahora me tocó a mí”.
“Pero la gran tragedia es que aquí ni la EPA (Agencia de Protección Ambiental federal) ni la gobernadora y los legisladores nos defienden. Todos aquí sabemos y sufrimos por el daño que nos causa esa carbonera. Ese estudio hecho por profesionales de los Estados Unidos confirma lo que hemos dicho por tantos años, pero ninguno de ellos (gobierno federal y local) actúa en nuestra defensa”.
“Aquí hay intereses creados”, destacó por separado Giménez Castañón ante la pregunta del porqué las autoridades gubernamentales, lejos de intervenir, actúan en dirección contraria: rescatando financieramente a AES Puerto Rico con más de $100 millones en ajustes contractuales y el aval para que genere aún más ganancias, quemando carbón durante cinco años más.
“Este es el colmo del masoquismo”, adjudicó de otra parte Víctor Alvarado Guzmán, cofundador del colectivo ecologista Diálogo Ambiental. “El gobierno sí aparece para rescatar económicamente a una empresa contaminante, pero se niega a financiar estudios epidemiológicos que corroboren el impacto en la salud de la contaminación provocada por AES”.
“Incluso, hasta las mayorías legislativas del PNP y el PPD han rechazado proyectos de ley que buscan realizar esos estudios”, continuó. “Ignoran la evidencia científica y los problemas de salud, pero defienden a grito tendido la carbonera, diciendo que eso no contamina”.
“Eso se llama ‘complicidad’”, añadió.
Entretanto, Arturo Massol Deyá, director asociado de Casa Pueblo y doctor en Ecología Microbiana, apuntó en la misma dirección.
“Cuando ya no se puede hablar de sospechas, porque la ciencia dejó claro el vínculo entre las cenizas y los daños a la salud, no hay nada más que discutir. Alargar la vida de la carbonera de AES es sentenciar a más gente de la zona al cáncer, y eso lo saben”.
