El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) coincidió hoy, viernes, con una recomendación del Departamento de Justicia de no designar un FEI al exsecretario de Transportación y Obras Públicas Carlos Contreras Aponte y otros exfuncionarios de esa agencia.
“Luego de nuestra evaluación, acogemos la recomendación del secretario de Justicia y determinamos que en este caso no existe el quantum de prueba necesario para la designación de un FEI. Conforme a lo expuesto, se ordena el archivo definitivo de este asunto”, concluyó el Panel en una resolución fechada el 19 de octubre de 2022.
El PFEI ordenó que, en vista de que la Oficina de Ética Gubernamental tiene una investigación en curso sobre el mismo asunto, se le remita copia de la resolución emitida en este caso.
Esta investigación surgió a base de un informe de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) que concluyó que la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) despachó combustible a personas privadas y entidades no autorizadas, por valor de $15,171. Además, reveló que el exsecretario Contreras Aponte autorizó tal despacho.
Estos hechos ocurrieron en el marco de la emergencia provocada tras el paso del huracán María, entre los meses de septiembre a diciembre de 2017.
Agrega ese informe que con dichas acciones pudieron haberse configurado una serie de delitos tipificados en el Código Penal de Puerto Rico, el reglamento de la AMA y la ley de la Oficina de Ética Gubernamental.
La OCPR le atribuyó las referidas actuaciones al entonces presidente y gerente general de la AMA, Santos Delgado Marrero; al director de la Oficina de Seguridad Interna de la AMA, Orlando Rodríguez Fuentes, y los dos oficiales de seguridad interna José Fernández del Valle y Wilbert Muñiz Sánchez.
Por su parte, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que tuvo a su cargo la investigación preliminar, concluyó, entre otras cosas, que la OCPR no tomó en consideración la relación contractual habida entre la Autoridad de Carreteras y Transportación y ACI-Herzog, para los meses de septiembre a diciembre de 2017.
La OCPR tampoco investigó si la AMA le había facturado a la empresa el combustible despachado y posteriormente advino en conocimiento de que se había equivocado sobre ese asunto. El informe señala, además, que Fernández Valle y Muñiz Sánchez no se perjuraron.
De otro lado, la DIPAC concluyó que ninguno de los investigados incurrió en posible conducta delictiva.
