Con enmiendas que agravan aun más el acceso a la información pública en Puerto Rico, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron el informe de conferencia del Proyecto del Senado 63, que enmienda la Ley de Transparencia (Ley 141-2019).
La Cámara aprobó el PS 63 con las enmiendas que se acordaron en Comité de Conferencia con 28 votos a favor, todos del Partido Nuevo Progresista (PNP), y 20 en contra, incluyendo las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y del Partido Popular Democrático, la representante de Proyecto Dignidad, y cuatro representantes del PNP.
En el Senado, hubo 19 votos a favor, siete en contra. Dos senadores estuvieron ausentes.
Entre los cambios que acordaron senadores y representantes del PNP, se incluyó que cuando la información requerida conste en un documento o expediente que exceda de 300 folios o su antigüedad sea mayor a tres años, los oficiales de información tendrán 30 días laborables para producirla. Podrá tener una prórroga de 20 días laborables adicionales, lo que sumaría cerca de 70 días naturales, o dos meses y medio.
“La versión aprobada por el Comité de Conferencia del PS 63 empeora aún más la pieza legislativa que restringe nuestro derecho de acceso a la información pública. Mantiene todas las enmiendas anteriores y, además, ahora, existe la posibilidad de que una agencia pueda pedir hasta 50 días laborables para entregar si se trata de información o documentación que exceda 300 folios o si tiene más de 3 años de antigüedad”, reaccionó el abogado del Centro de Periodismo Investigativo, Carlos Francisco Ramos Hernández.
También, se añade una nueva excepción de confidencialidad, si así lo determina un tribunal.
El PS 63, de la autoría del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, de convertirse en ley, tendrá el efecto de atrasar investigaciones periodísticas y trámites importantes para que ciudadanos y comunidades tomen acción pertinente ante situaciones que les afectan directamente.
También permitiría que las agencias clasifiquen información como confidencial por medio de reglamentos internos, obstaculizando la supervisión pública sobre documentos relevantes. La medida autorizaría, además, que se rechacen solicitudes si la información está dividida en varios expedientes, y eliminaría la obligación de entregar datos en formatos que puedan analizarse, como CSV. Requeriría que cada gestión se notifique a la persona a cargo de la agencia y eliminaría la protección de la identidad de la persona solicitante.
La medida pasó a pesar de la amplia oposición del gremio periodístico del País y de organizaciones que velan por los derechos civiles de ciudadanos y comunidades.
“No estamos sorprendidos, porque ya habíamos visto la falta de liderato y de palabra que existe en la Cámara de Representantes, pero sí desilusionados del proceso. El resultado producido por el comité de conferencia fue una legislación todavía peor a la presentada originalmente. Nuestro llamado es a la gobernadora Jenniffer González a que no firme este proyecto que afecta grandemente el derecho al acceso a la información”, dijo la directora editorial del CPI, Wilma Maldonado Arrigoitía, quien también es presidenta del Overseas Press Club.
La presidenta de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO), Nydia Bauzá, se unió al llamado a la Gobernadora.
“Llevaremos nuestra lucha en contra del nefasto Proyecto del Senado 63 hasta La Fortaleza. Emplazamos a la Gobernadora a que escuche los reclamos de la gente de las comunidades en Puerto Rico, que de convertirse en ley esta medida, quedarán de manos atadas ante la búsqueda de la información a la que tienen derecho, al igual que cualquier ciudadano o ciudadana de este país”, sostuvo Bauzá.
Mientras, Issel Masses, directora ejecutiva de la organización Sembrando Sentido, catalogó la acción legislativa de “inaudita y vergonzosa para cualquiera que afirme defender la democracia”.
