Mientras Juan Saca insiste que la crisis de liquidez en LUMA Energy se ha tornado “insostenible” a causa de los $95.9 millones que presuntamente le adeuda la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), admisiones hechas ayer por el propio ejecutivo y presidente de la empresa generaron dudas sobre su credibilidad.
Durante vista pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Saca reconoció que LUMA no ha requerido a terceros una auditoría de esa deuda, ni de los balances en las seis cuentas bancarias que custodia la AEE, lo que disparó cuestionamientos de los legisladores participantes.
“No hay estados auditados. Estamos hablando al fin y al cabo de fondos públicos que los tiene que fiscalizar el gobierno de Puerto Rico”, sentenció en su turno de preguntas el representante Denis Márquez Lebrón. “Ahora vemos aquí que unos dicen una cosa, y otros dicen otra, pero el país vive todos los días los desastres de LUMA”.
Por su parte, el zar de Energía, Josué Colón Ortiz, declaró que la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) ha realizado auditorías financieras a LUMA Energy, pero que esa gestión “está detenida desde el 2023” debido a la falta de información de la empresa.
Choque de versiones
Según trascendió durante la vista pública, todo el dinero que LUMA Energy recauda de los clientes del sistema eléctrico se deposita en cuentas bancarias de la AEE, para luego transferirlo al consorcio y a sus partidas presupuestarias.
Sin embargo, Saca plantea que la AEE ha incumplido con esta obligación, definida en el contrato de operación del sistema de transmisión y distribución.
En su ponencia, recalcó que el acuerdo dispone que la AEE deberá mantener en la cuenta operacional del consorcio fondos equivalentes a 4.5 meses de su presupuesto anual, lo que constituye la fuente principal de liquidez del sistema.
No obstante, Saca alega que desde el 2022 la AEE ha incumplido con esta obligación contractual y no ha mantenido los niveles mínimos de liquidez requeridos.
Asimismo, que al presente LUMA adeuda a suplidores que realizan trabajos críticos alrededor de $182 millones y que estos impagos llevan más de 30 días de atraso. De ese total, agregó, más de $150 millones superan los 60 días de vencimiento, más de $122 millones exceden los 90 días, y $77 millones más de 120 días.
Refuta la directora de la AEE
No obstante, la directora ejecutiva de la AEE, Mary Zapata Acosta, disputó que las transferencias de capital que la corporación pública hace a LUMA no sean suficientes para cubrir la totalidad de las peticiones de fondos.
Incluso, Zapata subrayó que la AEE concedió al consorcio fondos en exceso al presupuesto aprobado durante los pasados años fiscales.
“El problema que puede haber aquí, que ellos identifican unos déficits, es un mal uso de los fondos federales y una falta de control de sus gastos”, puntualizó.
“Ellos han creado esta misma situación”, agregó.
Mientras, el zar de Energía concordó con la posición de la AEE al señalar que el gobierno ha cumplido con los pagos correspondientes y que es responsabilidad de los operadores privados ajustar sus operaciones al presupuesto que produce la tarifa eléctrica.
“Lo que LUMA está facturando y depositando en las cuentas no cuadra con las peticiones que hacen los operadores”, aseguró Colón Ortiz. “No estamos de acuerdo que cada vez que ocurre un desfase de esa naturaleza, la solución que se traiga a la mesa sea aumentar el costo de electricidad”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno, Víctor Parés Otero, adelantó que celebrará otra vista pública próximamente para divulgar los hallazgos de las peticiones de información hechas al componente energético.
“Lo importante es que el pueblo, que está viendo y escuchando, tenga la certeza, la data de lo que está ocurriendo y quién dice la verdad”, expr
