El Departamento de Justicia cerrará el año con sobre $340 millones en recobro, producto de múltiples pleitos legales incoados contra empresas de carácter multinacional en representación de los derechos de los puertorriqueños y particularmente, de poblaciones vulnerables.
El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, indicó que, a través de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Monopolísticos, la agencia ha enfocado sus esfuerzos en defensa de los ciudadanos, radicando una serie de reclamaciones judiciales contra empresas que han incurrido en prácticas engañosas, cuyas transacciones, hasta el presente, representan $344,557,580 en nuevos ingresos para el Gobierno de Puerto Rico. Esta cifra ya fue recibida, mientras que otra se irá recibiendo por etapas.
El departamento mantiene varios pleitos activos contra empresas a las que le han exigido compensaciones económicas para subsanar los daños provocados por sus prácticas ilegales que afectan la salud y el acceso a medicamentos de la población, la situación económica de los estudiantes universitarios y la calidad del agua, ente otros.
Según el secretario, estas acciones se traducirán en servicios directos a los ciudadanos. Entre los pleitos transigidos, figuran los incoados contra las empresas involucradas en la epidemia de opioides y los fabricantes de cigarrillos electrónicos.
El equipo de la Secretaría de Asuntos Monopolísticos representó al Gobierno de Puerto Rico en el pleito contra los fabricantes de insulina: Eli Lilly & Co., Eli Lilly Export, Novo Nordisk Inc., Sanofi Aventis, y los PBM: Express Scripts Inc., CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico and OptumRx Inc, por haber incurrido en prácticas comerciantes injustas y engañosas, que han elevado el precio de este medicamento ilegalmente durante la pasada década hasta 1,200 por ciento de su costo original. Estos controlan la mayor parte del mercado en Estados Unidos y sus efectos se ven reflejados en Puerto Rico.
A su vez, la Isla recibirá sobre $200 millones mediante el anuncio del histórico acuerdo por el cual Johnson & Johnson, así como los distribuidores AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson, desembolsaron $26 mil millones a nivel nacional.
Estas empresas aceptaron transigir miles de demandas de los gobiernos estatales y locales de los Estados Unidos y Puerto Rico, cuyos residentes se vieron afectados por las farmacéuticas, distribuidoras y empresas involucradas en la epidemia de opiodes.
Además de la compensación económica, se impusieron varias prohibiciones con el fin de que estas empresas detengan las prácticas que provocaron la emergencia de salud pública y se exigió a las distribuidoras la implementación de medidas correctivas.
De igual forma, se anunció una transacción legal, mediante la cual Puerto Rico recibió sobre $7 millones para contrarrestar los efectos del uso ilegal de los cigarrillos electrónicos o vapeo entre menores de edad.
La isla se unió a 34 estados y territorios de Estados Unidos en una investigación contra JUUL Labs Inc., principal fabricante de cigarrillos electrónicos, señalado por sus prácticas de mercadeo ilegales y engañosas para fomentar el vapeo entre jóvenes y niños.
Además, Justicia demandó por fraude y prácticas engañosas al principal proveedor de préstamos estudiantiles en Estados Unidos, la empresa Naviet Solutions, anteriormente conocida como Sallie Mae. Al menos 20 mil estudiantes residentes de Puerto Rico obtuvieron servicios de Navient y se exigió que la organización cancelara unos $12 millones en deudas e intereses que fueron acumulados ilegalmente.
De otra parte, la secretaría auxiliar de lo civil logró prevalecer en 796 casos civiles de 1,272 casos que se cerraron para dicho periodo, en representación del Gobierno de Puerto Rico, sus agencias y funcionarios.
